El inicio de 2026 se presenta con un calendario judicial que influirá de manera significativa en la agenda política de España. Tanto PSOE como PP enfrentan un inicio de año marcado por procesos judiciales que involucran a antiguos ministros, exdirigentes y familiares de altos cargos, lo que obliga a los partidos a gestionar la presión de los tribunales más que a definir su propia planificación política.
En el caso del PSOE, las investigaciones se centran en José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido. Ambos están implicados en causas que examinan supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia y presuntos acuerdos para obras públicas a cambio de comisiones. Ábalos y su exasesor Koldo García enfrentan una solicitud de hasta 30 años de prisión y permanecen en prisión provisional mientras se realiza la vista oral. Además, la Audiencia Nacional investiga pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, que podrían estar relacionados con blanqueo de capitales.
El entorno próximo al presidente Pedro Sánchez también está en el foco judicial. La Audiencia Provincial de Badajoz tiene programado el primer juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, por posibles irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Por otra parte, Begoña Gómez, esposa del presidente, continúa bajo investigación por cinco presuntos delitos, aunque la espera de informes de la UCO determina los próximos pasos a seguir.
Respecto al PP, la atención se dirige a la vista oral de la Operación Kitchen que comenzará en abril. En este proceso será juzgado el exministro Jorge Fernández Díaz por su posible participación en una trama parapolicial destinada a espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años de prisión para Fernández Díaz y otros altos cargos policiales relacionados.
Entre otros casos relevantes, destaca el juicio al clan Pujol por el origen de su patrimonio oculto en el extranjero y la causa contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz. También continúan las investigaciones contra miembros del PP como Francisco Granados y Cristóbal Montoro. Además, permanecen abiertas causas contra figuras controvertidas como el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, y la exmilitante socialista Leire Díez, quien es investigada por supuestas influencias en adjudicaciones públicas por un total de 132 millones de euros.
Con este escenario, 2026 se perfila como un año en el que la justicia seguirá condicionando la política española, limitando la capacidad de los partidos para establecer sus prioridades y obligando tanto al Ejecutivo como a la oposición a afrontar los procesos judiciales que involucran a sus antiguos dirigentes y allegados.
