El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, enfrenta su episodio más delicado desde que comenzó la instrucción judicial. Este miércoles, 7 de enero de 2026, sus abogados, el exfiscal Carlos Bautista y Luis Chabaneix, han presentado formalmente al Tribunal Supremo su renuncia irrevocable para continuar con la defensa del exdirigente socialista.
La causa de esta decisión, según informan fuentes judiciales, se debe exclusivamente a razones contractuales relacionadas con el impago de sus honorarios, lo que imposibilita mantener la relación profesional.
Un contratiempo judicial en un momento crítico
Esta renuncia representa no solo un obstáculo logístico, sino también un desafío estratégico en un calendario judicial exigente:
• Sin representación legal por segunda vez: Ábalos pierde a sus abogados por segunda vez en pocos meses. En octubre de 2025, ya prescindió de su primer defensor, José Aníbal Álvarez, debido a «diferencias irreconciliables».
• Prisión provisional: El exministro permanece recluido en la cárcel de Soto del Real desde el 27 de noviembre pasado. El próximo 15 de enero, el Supremo evaluará el recurso contra esta medida cautelar; una audiencia para la que Ábalos podría no contar con un equipo jurídico confiable.
• Prohibición de salir para declarar: Hoy, el magistrado Leopoldo Puente ha rechazado la solicitud de Ábalos para abandonar la prisión y testificar de forma presencial este jueves ante la comisión de investigación del Senado.
Las dificultades financieras del exministro
La falta de pago a sus abogados coincide con la suspensión de sus ingresos principales. Desde el 10 de diciembre, la Mesa del Congreso suspendió a Ábalos en sus funciones parlamentarias, lo que supuso la retirada de su sueldo como diputado del Grupo Mixto (aproximadamente 5.300 euros mensuales).
Esta semana, Ábalos solicitó a la Cámara Baja reconsiderar esta suspensión salarial para poder afrontar los gastos de su defensa, argumentando que su procesamiento aún no es firme. Sin embargo, por el momento no dispone de los recursos económicos para mantener un equipo legal de alta calidad.
