El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado ante el Tribunal Supremo su escrito de defensa en el caso que indaga la adquisición de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. En dicho documento, Ábalos pide ser absuelto y solicita la declaración como testigos de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
El escrito está firmado por Carlos Bautista, ex fiscal de la Audiencia Nacional y del despacho Chabaneix, aunque este letrado renunció a continuar con la representación del ex dirigente socialista el mismo miércoles por discrepancias económicas.
En su defensa, Ábalos sostiene su inocencia y rechaza haber influido para favorecer la contratación de la empresa Soluciones de Gestión en diferentes administraciones públicas. Solicita que el ministro del Interior explique en el juicio el proceso de adquisición del material sanitario en su departamento, mientras que el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta Francina Armengol sean interrogados respecto a las compras efectuadas en Canarias y Baleares, respectivamente.
Según Ábalos, la mencionada empresa solo mantuvo contratos con Adif y Puertos del Estado, entidades bajo el Ministerio de Transportes. Niega haber intervenido en decisiones de otros ministerios o gobiernos autonómicos y señala que otras comunidades gobernadas por el PSOE no contrataron con la entidad vinculada a Víctor de Aldama.
Además, el ex secretario de Organización del PSOE descarta integrar una organización criminal junto a su ex asesor Koldo García, rechaza ser superior jerárquico del empresario Víctor de Aldama y niega haber participado en planes para adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones. También desmiente haber recibido pagos semanales de 10.000 euros.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente imputa a Ábalos presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 24 años de prisión para el ex ministro en esta primera fase del denominado caso Koldo.
