El Partido Popular ha aplicado en el caso de Venezuela una estrategia similar a la que utilizó en el conflicto de Gaza: evita fijar una postura clara sobre si la intervención de Estados Unidos y la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro vulneran el Derecho Internacional. Desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo destacan que será un tribunal quien determine si Donald Trump incumplió el Derecho Internacional, eludiendo así pronunciarse con claridad sobre la legitimidad de la acción estadounidense.
La ejecutiva del PP se niega a condenar públicamente al expresidente estadounidense a pesar de que la operación militar en Caracas —que finalizó con la captura de Maduro en territorio venezolano— ha sido considerada por numerosos expertos y líderes internacionales como una posible infracción del derecho internacional, dado que no contaba con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni el consentimiento de las autoridades venezolanas.
En su argumentación, el PP recalca que respeta el Estado de derecho y el orden internacional, pero no adopta una postura concreta respecto a si Estados Unidos actuó conforme a ese marco. En rueda de prensa, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, afirmó que “Venezuela está en mejor situación sin Maduro que con él” y pidió la convocatoria de elecciones democráticas en el país latinoamericano, mientras dejó abierta la posibilidad de que corresponda a un tribunal definir las implicaciones legales de la intervención.
La postura oficial del PP ha generado controversia tanto en la política española como en la opinión pública, ya que históricamente el partido ha criticado a líderes autoritarios como Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Sin embargo, ante las preguntas sobre la actuación de Trump, sus dirigientes insisten en que no es competencia de su formación juzgar la posible violación del Derecho Internacional, sino que esta corresponde a las instancias judiciales correspondientes.
Además, desde Génova han señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende “utilizar la crisis venezolana para desviar la atención de los problemas internos y de los casos de corrupción vinculados al PSOE”, una afirmación que ha ido ganando protagonismo en los discursos de los dirigentes populares en los últimos días.
Mientras tanto, a nivel internacional, la detención de Maduro continúa suscitando críticas y debates sobre su legitimidad —con líderes y organismos que consideran la operación como una posible violación del Derecho Internacional— y la división política en España refleja las tensiones derivadas de este episodio diplomático y jurídico de alcance global.
