El Ejecutivo español realiza gestiones en Bruselas de última hora para intentar suavizar o posponer la aprobación de la nueva Ley de Ciberseguridad de la Unión Europea que impondría el veto progresivo a proveedores tecnológicos chinos catalogados como de “alto riesgo”, incluyendo a Huawei y ZTE, en infraestructuras clave.
Fuentes comunitarias indican que el gobierno de Pedro Sánchez busca evitar que la futura regulación sea tan estricta que exija la retirada total de equipos chinos en sectores estratégicos como sanidad, energía y telecomunicaciones. Estas presiones diplomáticas llegan a pocos días de la presentación formal del borrador, inicialmente prevista para el 14 de enero, aunque podría retrasarse hasta el 21 de enero debido a las objeciones planteadas por Madrid y otros socios como Alemania.
España sostiene que las normativas actuales sobre ciberseguridad y 5G cumplen los estándares de la UE, a pesar de las reiteradas advertencias desde Bruselas sobre la dependencia excesiva de suministradores chinos en redes críticas, particularmente en tecnología 5G y sistemas de datos sensibles. A diferencia de Alemania, que ha avanzado hacia la desconexión de estos proveedores, España renovó contratos con Huawei, incluyendo la custodia de datos de la Guardia Civil, y continúa manteniendo una parte considerable de su despliegue 5G con este fabricante.
La propuesta legislativa europea, impulsada por la Comisión Europea para fortalecer la soberanía tecnológica y la ciberseguridad en el continente, establece reglas obligatorias para que los estados miembros eliminen gradualmente tecnologías consideradas de alto riesgo, como hardware y software provenientes de China, Rusia o Irán. España y otros gobiernos temen que la aplicación directa afecte económicamente a operadoras como Vodafone, Telefónica o MasOrange, que utilizan ampliamente equipos chinos en sus redes.
Bruselas también pretende que la normativa modernice el papel de la agencia europea de ciberseguridad ENISA, establezca normas estandarizadas de certificación y simplifique regulaciones digitales vigentes, abarcando desde componentes de telecomunicaciones hasta sistemas críticos de inteligencia artificial. El debate se intensifica en un momento en que la UE ya había propuesto medidas para excluir a fabricantes como Huawei y ZTE del 5G, debido a su supuesta vinculación con intereses estatales que podrían comprometer la seguridad europea.
Fuentes comunitarias consultadas señalan que España y Alemania son de los países que mayor presión ejercen para flexibilizar la legislación, debido a las consecuencias económicas y estructurales que implicaría para sus mercados y operadores de telecomunicaciones. Dentro de la UE existe división sobre los plazos y alcance de las obligaciones de retirada, sin aún un consenso definitivo sobre cuándo y cómo eliminar por completo a los proveedores considerados de alto riesgo.
Aspectos clave del veto a proveedores chinos
- Retirada gradual de equipos de Huawei y ZTE en infraestructuras estratégicas.
- Fortalecimiento de la soberanía tecnológica y protección frente a amenazas externas.
- Repercusiones económicas para los operadores que aún dependen de tecnología china.
- Actualización del rol de ENISA en ciberseguridad y certificaciones.
- Debate político y técnico entre los 27 estados miembros para determinar fechas y posibles excepciones.
La ofensiva diplomática de España para suavizar o aplazar la nueva Ley de Ciberseguridad de la UE refleja las tensiones internas en la Unión al intentar equilibrar la seguridad tecnológica con las realidades económicas y la dependencia de proveedores chinos. Mientras Bruselas impulsa una normativa más rigurosa para limitar la presencia de equipos de alto riesgo como los de Huawei y ZTE, Madrid —junto a otros países— trata de reducir el impacto de esta transición en sus operadores y mercados tecnológicos.
