Este lunes están convocados a un careo ante la jueza que investiga la causa penal por la dana de octubre de 2024, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, con el fin de resolver las discrepancias encontradas en sus testimonios respecto a la gestión de la emergencia.
Cuenca prestó su primera declaración como testigo el 26 de noviembre, asegurando que desde Presidencia no se dieron instrucciones a Pradas durante el episodio de inundaciones. Sin embargo, la defensa de la exconsellera, investigada en el caso, presentó varios mensajes de Cuenca el 5 de diciembre que parecían contradecir esa afirmación.
Entre los mensajes entregados, uno expresaba claramente: «De confinar, nada». En otro, Cuenca explicaba que para ordenar un confinamiento era necesario declarar el estado de alarma y que esta responsabilidad correspondía a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien participaba telemáticamente en el Cecopi. Además, Cuenca pedía a Pradas que mantuviera la calma durante la crisis.
Tras la aparición de estos mensajes, el 12 de diciembre Cuenca fue citado nuevamente para declarar. En esta segunda comparecencia, negó haber transmitido órdenes de Mazón y afirmó que su oposición al confinamiento se fundamentaba en una previa consulta a la Abogacía de la Generalitat.
Ante ese testimonio, la jueza solicitó el 22 de diciembre un informe a la Abogacía para esclarecer si algún alto cargo del Consell había realizado consultas legales sobre el confinamiento durante la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024, que originó 230 fallecidos.
El informe incorporado al expediente indica que no se recibió ninguna consulta por escrito de altos cargos de Justicia, Medio Ambiente o Presidencia, aunque sí hubo diversas llamadas telefónicas breves esa tarde.
Entre ellas, destaca la realizada por el entonces subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García, quien consultó al abogado coordinador si un posible confinamiento contaba con respaldo legal. La respuesta fue afirmativa, mencionando normas jurídicas que lo amparaban, lo que confirma el apoyo de la Abogacía a esa alternativa.
De igual forma, el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, contactó con el abogado general de la Generalitat para avisarle de una posible consulta por parte de Pradas acerca de una resolución sobre confinamiento, y el abogado general manifestó su disposición a colaborar. Finalmente, no se produjo ninguna solicitud formal ni verbal al respecto.
Ante estas inconsistencias entre el informe y las declaraciones de Cuenca, la jueza ha resuelto llamar también como testigos, aunque sin fecha definida, al subsecretario de Justicia del 29 de octubre y a dos abogados de la Generalitat.
