Este sábado, Bilbao acogió una manifestación en la que participaron unas 30,000 personas, según la Policía Municipal. La convocatoria, impulsada por la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA, Sare, buscaba principalmente la eliminación de las «medidas de excepción» todavía vigentes para los detenidos.
Esta marcha, que se realiza cada inicio de año, recorrió las calles de la ciudad con el lema «No puede prolongarse más», subrayando la urgencia de terminar con la situación que afecta a los presos vascos.
Entre los asistentes estuvieron líderes y representantes de partidos políticos como EH Bildu, Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú, además de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, así como organizaciones sociales como Etxerat, ANC y Òmnium Cultural, quienes mostraron un fuerte respaldo a la causa.
Un hecho destacado fue la reciente ratificación por parte del Tribunal Supremo de la condena a siete años y medio de prisión para la abogada de los presos de ETA, Arantza Zulueta, lo que ha aumentado las críticas sobre el trato que reciben los internos.
La movilización comenzó a las 17:00 horas en La Casilla y avanzó hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Entre quienes portaron la pancarta principal se encontraban Rosa Rodero, esposa del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993, y el músico Francis Diez, integrante del grupo Doctor Deseo, junto a activistas de causas palestinas y saharauis.
Durante el trayecto, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, destacó que «cuando decenas de miles de personas salen año tras año a reclamar derechos para los presos vascos, es porque esos derechos están siendo vulnerados». En su intervención insistió en la necesidad de revisar las políticas aplicadas y su repercusión en la dignidad de los reclusos.
Azkarraga añadió que actualmente hay alrededor de 120 presos de ETA en prisiones del País Vasco y Navarra, de los cuales 40 han permanecido más de dos décadas encarcelados. Más de 21 han cumplido más de 25 años en prisión. «La mayoría podrían estar en libertad bajo ciertas condiciones si no existieran las medidas excepcionales», señaló, reclamando a las autoridades y al sistema judicial que suspendan estas restricciones.
El portavoz recordó que este año se conmemora el quincuagésimo aniversario de la decisión de ETA de cesar su actividad, y destacó que a 15 años de ello persisten violaciones de derechos para los presos, lo que genera malestar e injusticia entre sus familiares y simpatizantes.
Con el objetivo de avanzar hacia soluciones, Azkarraga propuso establecer un marco definitivo para resolver el conflicto, que incluya el levantamiento de las medidas excepcionales y la aplicación de un régimen penitenciario ordinario para la liberación de todos los presos.
Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso y diputado de los Comuns, apoyó la petición de Sare, solicitando la aplicación equitativa de la ley penitenciaria para los presos vascos. Consideró que esta movilización es un «antídoto contra los discursos de odio» que amenazan con ganar terreno en el debate público.
Otros oradores, como Maite Gartzia de Podemos Euskadi y Mitxel Lakuntza de ELA, criticaron las «excepciones» que prevalecen en la política penitenciaria. Por su parte, Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, reclamó que para 2026 se adopten las medidas necesarias que permitan el regreso de todos los presos a sus hogares.
