La iniciativa presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para actualizar el sistema de financiación autonómica con un enfoque inclusivo aún no logra reunir el consenso parlamentario necesario para su aprobación.
Este sistema, que financia servicios fundamentales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, junto con otras competencias transferidas, está regulado por una ley orgánica. Por ello, cualquier cambio requiere la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, una condición que el Ejecutivo no tiene asegurada.
En la práctica, el veto del Partido Popular o de Junts per Catalunya podría impedir la aprobación de la reforma, dado que el Gobierno precisa el respaldo de alguno de estos dos grupos para avanzar.
Un sistema obsoleto
El modelo actual fue aprobado en 2009 con un plazo inicial de vigencia de cinco años, por lo que hoy se considera no solo formalmente vencido, sino también anticuado. Los especialistas coinciden en que la creciente transferencia de competencias no ha sido acompañada por una financiación adecuada, lo que ha generado desequilibrios en las finanzas de varias comunidades.
La propuesta gubernamental introduce como principal innovación la ampliación de los recursos destinados a las autonomías, aumentando el porcentaje del IRPF y del IVA que permanece en cada territorio según su nivel de recaudación.
Desde el Gobierno esperan que, a pesar de las críticas de algunos presidentes autonómicos del PP hacia los acuerdos bilaterales suscritos por Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes, los populares finalmente reconozcan la necesidad de la reforma.
Con esta finalidad, Montero ha convocado para el miércoles 14 de enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde participarán los responsables económicos de las comunidades. En este foro, la ministra planea presentar en detalle la propuesta y recoger las observaciones de los gobiernos regionales.
La recepción del nuevo modelo en este encuentro será determinante para evaluar su viabilidad política. Sin un soporte mínimo para la negociación, la reforma podría verse seriamente comprometida, especialmente ante las dificultades para conseguir el respaldo de Junts.
La discusión sobre el concierto catalán
La postura de Junts está estrechamente vinculada a los acuerdos de investidura firmados por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, que contemplaban que Cataluña pudiera gestionar directamente sus impuestos y luego realizar una aportación al Estado, siguiendo el modelo aplicado en el País Vasco y Navarra.
Estas dos comunidades disfrutan de un sistema específico —concierto y convenio— que las excluye del régimen general de financiación autonómica. Sin embargo, la propuesta de Montero se centra en reformar el sistema común e incluye explícitamente a Cataluña dentro de este esquema.
Consultada sobre la posibilidad de ceder a Cataluña el 100 % del IRPF, lo que supondría la creación de una Agencia Tributaria catalana, la ministra reconoció que es un asunto en negociación que presenta considerables retos técnicos y políticos.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso manifestó antes de la presentación de Montero que su formación solo apoyará un sistema financiero renovado si incorpora un “concierto catalán”, condición que añade complejidad al futuro de la iniciativa gubernamental.
