Ceuta, enero de 2026.
El Partido Popular ha trasladado al Senado la situación de incertidumbre y desorden que, a su juicio, ha provocado la implantación del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia en Ceuta. La formación ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Justicia para exigir explicaciones sobre un proceso que considera carente de información, planificación y garantías para los trabajadores.
Según denuncia el PP, el Ministerio ha impulsado una reorganización “de gran calado” sin haber informado de forma adecuada a los funcionarios, sin un calendario público de implantación y sin criterios claros para la adscripción del personal. A día de hoy, aseguran, ni los empleados públicos ni los profesionales que prestan servicio en los juzgados ceutíes saben con certeza cómo se organizará su trabajo, con qué medios contarán ni bajo qué estructura funcionarán.
Entre las cuestiones planteadas, el Partido Popular pregunta qué información oficial ha facilitado el Ministerio a los funcionarios de Justicia en Ceuta y en qué fechas, y si considera aceptable poner en marcha un proceso de esta magnitud sin una planificación pública ni seguridad jurídica para los empleados. Asimismo, solicita aclaraciones sobre los mecanismos de control existentes para garantizar que las decisiones adoptadas se ajustan a la legalidad y respetan los derechos estatutarios del personal.
La iniciativa parlamentaria pone también el acento en la falta de refuerzo previo de medios humanos y materiales. El PP recuerda que Ceuta presenta limitaciones estructurales conocidas y una Administración de Justicia “históricamente tensionada”, por lo que cuestiona cuántos funcionarios integran actualmente la plantilla efectiva, cuántos serían necesarios para una implantación ordenada y si existe un plan específico adaptado a las singularidades del territorio, incluida la dispersión de sedes judiciales.
Las preguntas registradas advierten del riesgo de que una implantación acelerada y sin recursos suficientes derive en disfunciones graves, retrasos procesales y un deterioro del servicio público. En este sentido, el PP reclama al Ministerio que aclare si ha evaluado el impacto del nuevo modelo sobre la carga de trabajo, la seguridad jurídica y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
Además, el grupo popular quiere saber qué órganos del Ministerio están supervisando directamente el proceso, con qué periodicidad se evalúan sus efectos y si se están revisando las instrucciones, protocolos y órdenes de servicio dictadas en Ceuta para comprobar que no exceden las competencias legales. También pregunta si el Ministerio está dispuesto a introducir correcciones si se constata que la implantación se está realizando sin información, planificación ni consenso.
El texto parlamentario subraya el malestar existente entre los funcionarios de Justicia y cuestiona si esta situación de incertidumbre es compatible con una administración moderna, eficaz y respetuosa con sus empleados públicos. El PP plantea, además, si Ceuta está siendo utilizada como un territorio de prueba para reformas organizativas sin haber resuelto previamente las carencias estructurales que arrastra su Administración de Justicia.
Finalmente, el Partido Popular exige al Ministerio de Justicia que aclare si puede garantizar que el nuevo modelo no supondrá una pérdida de calidad del servicio público ni un deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia en Ceuta, algo que, a su juicio, “hoy por hoy no puede asegurarse”.
