La violencia dirigida hacia la Guardia Civil se ha establecido como un problema persistente en España durante el año 2025. De acuerdo con los datos oficiales hasta el tercer trimestre del año, se han registrado más de mil agresiones a los agentes, lo que equivale a una media aproximada de cinco ataques diarios.
A pesar de que estas cifras representan una reducción del 11% en comparación con el año anterior, la asociación JUCIL advierte que los riesgos a los que se enfrentan los agentes continúan siendo significativos. El impacto en su salud es notable, ya que el 47% de las bajas laborales en la Guardia Civil está directamente relacionado con agresiones sufridas en el cumplimiento de su deber.
La cuestión del reconocimiento como profesión de riesgo y la iniciativa en Bruselas
Debido a que el Ministerio del Interior no reconoce a la Guardia Civil como una profesión de riesgo—estatus que sí tienen las policías autonómicas y locales— JUCIL se desplaza a Bruselas. Allí se reunirá con representantes del Partido Popular Europeo para promover una directiva que establezca estándares mínimos de seguridad y salud laboral para policías en toda la Unión Europea.
Los agentes denuncian una falta de justicia institucional por parte del Gobierno, señalando que esta ausencia de reconocimiento no solo pone en riesgo su seguridad diaria, sino que también afecta sus condiciones de jubilación y su protección legal.
Situación precaria en los recursos materiales
La carencia de apoyo institucional también se refleja en la insuficiencia de recursos materiales, que los agentes califican de crítica. JUCIL demanda la provisión inmediata de equipos de protección para reducir los riesgos durante las intervenciones:
• Equipamiento individual: Actualmente, los chalecos antibalas se comparten entre agentes y frecuentemente no se ajustan a la talla del usuario, por lo que exigen chalecos personales para todo el personal.
• Armamento no letal y dispositivos de grabación: Solicitan la asignación de pistolas eléctricas paralizantes (Taser) para todas las patrullas, defensas extensibles personales y la implementación de cámaras individuales para asegurar la protección jurídica en su trabajo.
• Seguridad en el ámbito marítimo y movilidad: Requieren trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo y la actualización de una flota vehicular que califican como anticuada.
Acciones legales tanto en España como en Europa
La defensa de los guardias civiles también se extiende a los tribunales. JUCIL mantiene una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para regularizar sus derechos sindicales y de huelga. Asimismo, en octubre pasado, el Tribunal Supremo admitió a trámite su solicitud para que se amplíen los efectos de la sentencia que reconoce la profesión de riesgo a los policías nacionales.
“Estamos hablando de vidas dedicadas al servicio de la ciudadanía, frecuentemente en condiciones insuficientes y sin el respaldo adecuado”, concluyen desde la asociación profesional.
