El Gobierno de coalición está inmerso en un debate jurídico y político acerca de las medidas para frenar el aumento del coste del alquiler en España. PSOE y Sumar mantienen discrepancias sobre la estrategia a seguir, lo que ha generado un nuevo foco de tensión entre los integrantes del Ejecutivo.
El presidente Pedro Sánchez apuesta por una política basada en incentivos fiscales dirigidos a los propietarios para que reduzcan o mantengan precios asequibles en los alquileres. Desde el sector socialista se considera que esta vía es la más eficiente y constitucionalmente adecuada para intervenir en el mercado.
Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra contraria a esta propuesta y promueve acciones más firmes. Sumar defiende la necesidad de establecer una congelación de los precios del alquiler mediante decreto, alegando que esta medida protegería de forma inmediata a los arrendatarios frente a incrementos desmedidos.
Sin embargo, La Moncloa rechaza esta opción, argumentando que una congelación decretada sería inconstitucional, pues afectaría directamente al derecho de propiedad y a la libre competencia del mercado. Este fundamento legal ha llevado al PSOE a descartar la propuesta del socio minoritario.
La divergencia ha provocado un debate interno sobre los límites de la intervención estatal en el mercado de alquiler sin vulnerar la Constitución. Mientras tanto, la falta de acuerdo retrasa una respuesta unificada ante una de las principales preocupaciones sociales, especialmente en las grandes ciudades, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural.
Este nuevo desacuerdo se suma a otras discrepancias recientes en el Ejecutivo y refleja las dificultades para conciliar las diferentes sensibilidades del Gobierno de coalición en materia de vivienda.
