El Partido Popular ha expresado ante el Senado su inquietud respecto al proceso de implementación del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia en Ceuta, señalando que se desarrolla en un ambiente de falta de orden, incertidumbre y con insuficientes garantías para los empleados del sector.
Según reporta El Pueblo de Ceuta, el PP ha presentado una serie de preguntas dirigidas al Ministerio de Justicia criticando la puesta en marcha de una reorganización significativa sin proporcionar información adecuada a los funcionarios, sin un calendario divulgado, sin criterios claros para la asignación del personal ni garantías explícitas para los afectados. Como resultado, los funcionarios y profesionales de los juzgados ceutíes todavía desconocen cómo se organizarán, qué recursos tendrán a su disposición ni bajo qué modalidades laborarán.
La senadora del PP por Ceuta, Cristina Díaz, lidera esta iniciativa parlamentaria, que interpela sobre la información oficial facilitada por el Ministerio y sus fechas, y pregunta si resulta aceptable iniciar un proceso de tal magnitud sin planificación pública ni seguridad jurídica. De igual modo, solicita detalles sobre los mecanismos de supervisión existentes para asegurar que las decisiones respetan la legalidad y los derechos laborales del personal.
De acuerdo con El Pueblo de Ceuta, el PP advierte que el nuevo modelo se está implementando sin un refuerzo previo suficiente en recursos humanos y materiales, pese a las limitaciones estructurales del territorio y a la histórica carga de trabajo de la Administración de Justicia local. Por ello, pregunta por el número actual de funcionarios activos, la plantilla necesaria para una implementación ordenada y la existencia de un plan específico que contemple las particularidades de Ceuta, como la dispersión de las sedes judiciales.
Las preguntas presentadas alertan sobre el riesgo de que esta rápida implementación provoque disfunciones graves, retrasos en los procesos y un empeoramiento del servicio público de Justicia, afectando tanto la seguridad jurídica como la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.
El Partido Popular también solicita conocer cuáles organismos del Ministerio supervisan el proceso, con qué frecuencia se evalúan sus efectos y si están revisando las instrucciones y protocolos aplicados en Ceuta para evitar excesos en las competencias. Además, cuestiona si el Gobierno está dispuesto a realizar ajustes en caso de confirmarse la ausencia de información, planificación y consenso.
Por último, el PP cuestiona si esta situación de incertidumbre es compatible con una administración moderna y eficiente, y exige al Ministerio de Justicia garantías de que Ceuta no se emplea como escenario de pruebas para reformas organizativas sin haber resuelto antes las limitaciones estructurales del sistema judicial local, tal y como enfatiza El Pueblo de Ceuta.
