El Gobierno de coalición en España enfrenta una nueva discrepancia interna relacionada con la política de vivienda. PSOE y Sumar están en un conflicto jurídico y político acerca de las formas para controlar el aumento de los precios del alquiler, tema que afecta a 1,6 millones de personas con contratos que necesitan renovación este año.
El presidente Pedro Sánchez propone incentivos fiscales para quienes mantengan los alquileres sin subirlos, mientras que Sumar pide una congelación directa de las rentas mediante decreto, emulando la medida aplicada en la pandemia. La Moncloa defiende que esa congelación sería inconstitucional al repercutir de forma retroactiva sobre contratos ya acordados, y advierte que el Tribunal Constitucional podría invalidarla.
Sumar, liderado por Yolanda Díaz, rechaza los incentivos fiscales calificándolos como “injustos e ineficaces”, y apunta que los propietarios han sido los principales beneficiarios durante la crisis del mercado de la vivienda. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y portavoz del grupo, destacó que “la renta media de los caseros es casi el doble que la de los inquilinos” y considera que destinar recursos públicos a los propietarios solo contribuye a aumentar la desigualdad.
Sánchez espera lograr un acuerdo interno antes de que el decreto sea presentado al Consejo de Ministros, señalando que la iniciativa persigue evitar revisiones excesivas en los alquileres sin crear conflicto entre propietarios e inquilinos. No obstante, esta disputa pone de manifiesto tensiones históricas dentro de la coalición y la complejidad para llegar a pactos con partidos externos como Junts, cuya postura en materia de vivienda se aproxima más a la del PP y Vox que a la de la mayoría progresista.
