Las discrepancias entre los partidos que integran el Gobierno de coalición han reaparecido, esta vez en relación con los beneficios fiscales dirigidos a los propietarios de inmuebles. Esta iniciativa, que pretende frenar la subida de los precios del alquiler, ha recibido una importante oposición desde Sumar, socio de Pedro Sánchez en el Ejecutivo. Recientemente, el presidente del Gobierno anunció una medida que contempla bonificar al 100% del IRPF a quienes mantengan estables los precios del alquiler.
El plan se presentó durante la apertura de los trabajos de demolición de antiguos cuarteles militares ubicados en el barrio madrileño de Campamento, donde se planea construir 10.700 viviendas. En el evento, Sánchez destacó que estas acciones persiguen fortalecer la intervención pública en el mercado del alquiler, subrayando la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a las subidas continuas de los precios.
Mientras los socialistas defienden esta iniciativa como un paso hacia el diálogo y la búsqueda de consensos, Sumar y otros aliados parlamentarios, como Podemos, han manifestado su desacuerdo. Señalan que las bonificaciones no aseguran la estabilidad de los precios y advierten que, en un mercado con fluctuaciones, los propietarios podrían aumentar el alquiler a pesar de los incentivos fiscales.
Lara Hernández, co-coordinadora de Sumar, explicó que más de 600.000 contratos de alquiler están próximos a vencer este año, situación que podría exponer a los inquilinos a incrementos considerables en un contexto ya complejo. Por ello, Sumar ha solicitado la prórroga de dichos contratos, recordando que durante la pandemia se adoptaron medidas similares para proteger a los arrendatarios.
Por su parte, fuentes del PSOE cuestionan la viabilidad legal de extender los contratos como propone Sumar, argumentando que la situación actual no es comparable a circunstancias excepcionales como la pandemia o el conflicto en Ucrania. El sector socialista advierte que cualquier decisión al respecto requiere una evaluación cuidadosa debido a la complejidad del actual panorama parlamentario.
Además, el ministro de la Presidencia ha señalado que la coalición gobierna con minoría parlamentaria, lo que dificulta aprobar iniciativas sin el respaldo suficiente de otras fuerzas políticas. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que se buscarán los consensos necesarios, aunque reconoció que no hay una fecha fijada para la puesta en marcha del decreto, ya que es fundamental dialogar previamente con Sumar.
Desde Podemos, las críticas hacia estas bonificaciones son firmes. Ione Belarra, secretaria general del partido, considera que estas medidas, lejos de beneficiar a la ciudadanía, favorecen el negocio inmobiliario. Asimismo, apuntó que estas bonificaciones representarían una significativa pérdida de ingresos públicos y que lo que realmente se precisa es una regulación clara de los precios del alquiler y prohibiciones que eviten la especulación inmobiliaria.
La oposición también ha reprochado las nuevas propuestas del Gobierno. El PP ha planteado un modelo de financiación que incentive a las comunidades autónomas para que aumenten la construcción de viviendas, reafirmando que las medidas actuales son insuficientes. Por su parte, Vox ha calificado las iniciativas de populistas, argumentando que no solucionan el problema de fondo y solo buscan obtener beneficio político para el PSOE.
