La Fiscalía surcoreana ha solicitado la pena capital para el expresidente Yoon Suk-yeol, tras su intento fallido de instaurar la ley marcial en diciembre de 2024. Este caso se ha convertido en uno de los eventos más relevantes en la historia contemporánea del país, ya que la petición de la condena máxima se presentó en la última jornada del juicio por insurrección contra Yoon en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.
Esta solicitud refleja la seriedad de los cargos que enfrenta el exmandatario, acusado de tratar de conservar el poder mediante acciones autoritarias. Según la agencia Yonhap, el tribunal podría emitir su veredicto a comienzos de febrero, sopesando los argumentos presentados por ambas partes.
La ley marcial, usada en pocas ocasiones durante la historia de Corea del Sur, permite al gobierno restringir derechos civiles y movilizar a las fuerzas militares. Aunque la legislación del país contempla la pena de muerte por insurrección, no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1997.
Yoon Suk-yeol, de 65 años, defendió su decreto argumentando que era necesario para proteger la nación de lo que denominó «fuerzas antiestatales». No obstante, sus críticos sostienen que su propósito principal fue silenciar a la oposición y fortalecer su control sobre el poder judicial y legislativo.
El expresidente promulgó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, justificándola por las supuestas actividades antiestatales de la oposición, especialmente en relación con Corea del Norte. Sin embargo, horas después, la Asamblea Nacional revocó la medida tras intensas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Las calles se llenaron de ciudadanos en contra de la ley marcial, y algunos manifestantes recibieron amenazas con armas por parte de la Policía Militar. Ante esta situación, Yoon anuló la medida y retiró a los militares desplegados, aunque para entonces ya se había generado una gran controversia.
En abril de 2025, el Tribunal Constitucional surcoreano confirmó la destitución definitiva de Yoon, quien había sido suspendido desde el 14 de diciembre luego de una moción de censura aprobada por la Asamblea Nacional. Esta decisión representó un cambio significativo en el panorama político del país, poniendo fin a su mandato.
El gobierno actual de Corea del Sur ha expresado su deseo de que el proceso judicial se lleve a cabo con total imparcialidad y conforme a los principios del Estado de derecho. Mientras tanto, Yoon y 23 coacusados, incluidos altos funcionarios de su administración, enfrentan graves cargos que podrían modificar el rumbo político del país.
