La reunión sobre el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno concluyó este miércoles con una oposición casi total de las comunidades autónomas, salvo Cataluña. El encuentro tuvo lugar en Madrid y reunió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a los consejeros autonómicos de Economía durante más de cuatro horas.
Durante la sesión, la mayoría de los representantes autonómicos expresaron a Montero su desacuerdo con la propuesta y manifestaron su descontento ante el anuncio previo realizado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa.
Consejeros como Luis Alberto Marín, de Murcia, y Rocío Albert, de la Comunidad de Madrid, coincidieron en que todas las autonomías presentes, excepto Cataluña, rechazaron el sistema presentado. Albert añadió que la iniciativa no logrará el respaldo necesario en el Congreso, ni siquiera de algunos socios del Gobierno y de investidura.
«¿Cómo se aprobará este acuerdo?», cuestionó la consejera madrileña.
A pesar de las críticas, María Jesús Montero manifestó confianza en que el Ejecutivo conseguirá aprobar la ley orgánica que regulará el nuevo modelo de financiación. En una rueda de prensa explicó que comenzará un periodo de negociación en el que las comunidades podrán presentar «propuestas concretas» antes de iniciar los diálogos con los grupos parlamentarios.
Montero afirmó estar dispuesta «a lo que sea necesario» para alcanzar un acuerdo y defendió que el nuevo sistema representa una mejora respecto al anterior.
La ministra negó categóricamente que la propuesta contemple un supuesto «cupo separatista» para Cataluña y aseguró que no se trata de un modelo diseñado para beneficiar exclusivamente a una comunidad. Según indicó, el sistema garantiza la suficiencia financiera y asigna 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, más de 15.000 millones de los cuales corresponden a territorios gobernados por el Partido Popular.
En la reunión, Montero informó también que la adhesión al nuevo modelo será voluntaria, permitiendo a las comunidades elegir entre el sistema actual o el nuevo. La diferencia entre ambos equivaldría a cerca de 21.000 millones de euros adicionales para 2027 en las comunidades de régimen común. Además, anunció el inicio de una serie de reuniones bilaterales de naturaleza técnica.
Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la propuesta como una «improvisación» con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. Recordó que su partido presentó una alternativa en septiembre de 2024, sin recibir respuesta del Ejecutivo.
Incluso comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, expresaron su rechazo. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, criticó la falta de debate interno en el partido y calificó la forma de presentar el modelo como una «falta de respeto» institucional.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, apoyó la propuesta del Gobierno y la calificó como «el mejor sistema de financiación en la historia democrática». Illa destacó que este modelo fortalecerá los servicios públicos a nivel nacional y afirmó que «nadie pierde», animando a las comunidades del PP a proponer una alternativa superior si están en desacuerdo.
