El juzgado ha aceptado a trámite la querella que la familia de Sandra Peña presentó recientemente. Sandra, una adolescente de 14 años, se quitó la vida en Sevilla el pasado mes de octubre, según informó Isaac Villar, tío y portavoz familiar.
Dicha denuncia, interpuesta el viernes anterior, está dirigida contra el colegio Las Irlandesas de Loreto y varios responsables y profesores vinculados con la alumna, por una supuesta falta de respuesta adecuada conforme a los protocolos vigentes ante un posible acoso escolar que habría sufrido Sandra y que, según la familia, pudo contribuir a su fallecimiento.
Este miércoles, los familiares mantuvieron un encuentro con Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, en la sede de esta entidad en Sevilla. Desde la consejería han confirmado que la investigación administrativa está suspendida a la espera de la resolución judicial correspondiente.
«Nos aseguraron que completarán la investigación y tomarán las medidas necesarias según lo que se demuestre», afirmó Villar, quien agregó que la familia se siente «apoyada» por la Junta.
Durante su intervención con los medios, el portavoz agradeció «el respaldo que están recibiendo de la sociedad» y afirmó que la única manera de corresponder es «continuar con esta lucha», a pesar del impacto emocional que aún afrontan los padres de Sandra.
Villar destacó que mantener abierto el proceso judicial y en los medios es clave para promover cambios que prevengan tragedias similares en el futuro.
Sandra Peña falleció el 14 de octubre tras salir del colegio, al lanzarse desde la azotea de su vivienda. Este hecho llevó a la apertura de investigaciones por parte de la Policía Nacional y la Consejería de Desarrollo Educativo.
La Junta envió la información recabada a la Fiscalía después de detectar posibles fallos en la aplicación del protocolo antiacoso y en la atención a conductas autolíticas en el colegio concertado, además de iniciar un expediente administrativo para determinar responsabilidades.
Según explicó Isaac Villar días después del suceso, el colegio únicamente decidió cambiar de aula a las menores presuntamente implicadas en el acoso, luego de una solicitud expresa de la madre de Sandra.
El acoso habría comenzado aproximadamente un año antes y se agravó durante el verano, período en el cual Sandra inició atención psicológica, hecho comunicado a través de una denuncia formal.
El Ministerio Público mantiene abiertos dos procedimientos: uno referente a las menores supuestamente involucradas en el acoso y otro para evaluar la posible responsabilidad del centro. En este contexto han declarado los padres de Sandra, cuatro docentes y se han realizado diligencias por parte del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, que incluyeron el análisis del móvil y las redes sociales de la adolescente.
Los padres esperan que se establezcan responsabilidades ejemplares con la mayor celeridad posible. Por su parte, el colegio afirma haber activado sus protocolos internos, aunque reconoce que no se comunicó esta actuación al sistema Séneca de la Consejería.
