Bajo la dirección de Pablo Bustinduy, el Ministerio de Consumo ha avanzado en la supervisión del mercado inmobiliario. El 16 de enero de 2026 se confirmó el inicio de una investigación exhaustiva enfocada en portales inmobiliarios que ofrecen viviendas en zonas tensionadas sin cumplir con los requisitos de transparencia establecidos.
Esta acción se produce después de la implementación de la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, publicada en el BOE el 27 de diciembre, que refuerza las obligaciones de claridad en los anuncios de viviendas en alquiler.
Requisitos actualizados para los anuncios en internet
Previo a esta normativa, la Ley de Vivienda exigía informar sobre el precio del contrato anterior antes de la firma. Ahora, esta obligación debe cumplirse de manera inmediata y visible en el anuncio en portales como Idealista o Fotocasa:
• En el caso de particulares: los anuncios deben señalar obligatoriamente el precio de la última renta del contrato anterior.
• Para grandes tenedores: es necesario indicar el índice de renta aplicable para demostrar que el precio ofrecido no supera el límite legal en la zona tensionada correspondiente.
El Ministerio califica la omisión de estos datos como una «práctica desleal por engañosa», ya que impide que el futuro inquilino pueda verificar la legalidad del precio antes de contactar con el anunciante.
Sanciones significativas para portales e inmobiliarias
La Dirección General de Consumo ha señalado que incumplir estas normas puede resultar en sanciones económicas considerables, en función de la gravedad de la infracción o del beneficio ilícito obtenido:
1. Faltas graves: multas que van desde 10.000 hasta 100.000 euros, o hasta seis veces el beneficio derivado de la infracción.
2. Faltas muy graves: sanciones entre 100.000 y un millón de euros, o hasta ocho veces el beneficio ilícito que se haya obtenido.
Propuesta de prórroga para contratos de alquiler
De forma paralela a esta investigación, el Ministerio de Consumo ha planteado la necesidad de extender la duración de los contratos de alquiler que finalizan en 2026 y 2027. Esta iniciativa pretende aliviar la carga económica de los inquilinos ante la reducción de la oferta y unos precios que, pese a la regulación, mantienen una resistencia considerable a la baja.
