La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dejado en libertad a catorce personas acusadas de transportar más de 1.650 kilos de cocaína en el Puerto de València, al estimar que las pruebas principales del caso no cumplen con los requisitos de autenticidad e integridad.
La Fiscalía había solicitado condenas de hasta 16 años y 13 años y medio de prisión para dos individuos considerados líderes de la supuesta red criminal, así como multas que superaban los 60 millones de euros. Para los demás acusados, vistos como miembros de la organización o autores de un delito contra la salud pública, pidió penas de entre siete y once años y sanciones económicas de hasta 50 millones de euros.
Según la sentencia, a la que tuvo acceso EFE, el tribunal rechazó la prueba fundamental: las conversaciones interceptadas mediante la plataforma cifrada Sky ECC, frecuentemente empleada por grupos criminales. Aunque la obtención de estos mensajes se considera legal, la Sala indica que la evidencia no cumple con el nivel requerido para dictar una condena penal.
El fallo se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y señala que las pruebas digitales obtenidas desde Francia no contaban con firma digital ni determinación de valor hash, fallos que persistieron tras la descarga por parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil.
A pesar de que en agosto de 2020 se decomisaron más de 100 kilos de cocaína escondidos en un contenedor con madera aserrada en el puerto valenciano, el tribunal indica que las pruebas presentadas en el juicio no permiten vincular con certeza a los acusados con la droga incautada ni con otras interceptaciones que se les atribuían.
Los hechos ocurrieron la noche del 25 de agosto de 2020, cuando agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera hallaron un contenedor abierto que contenía 117 paquetes de cocaína, con un peso superior a cien kilos y variados niveles de pureza.
La investigación culminó en un proceso judicial complejo en el que fueron juzgadas catorce personas, entre ellas trabajadores portuarios, a quienes el Ministerio Público vinculaba con una organización que utilizaba el «gancho ciego» para introducir grandes cantidades de droga por vía marítima.
Sin embargo, la Audiencia Provincial concluye que no se ha demostrado suficientemente que los acusados estuvieran relacionados con la droga encontrada, con otras cargas similares ni que existiera una red organizada para introducir y extraer cocaína a través del puerto.
El tribunal enfatiza que la mera presencia de los procesados en el entorno portuario, así como eventuales coincidencias temporales o en comunicaciones, no son suficientes para anular la presunción de inocencia, ya que no existen pruebas directas ni indicios sólidos.
Durante el juicio, las defensas argumentaron reiteradamente la debilidad de la investigación y la falta de pruebas concluyentes, planteamientos que la Sala ha respaldado finalmente.
