La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido cerrar la pesquisa iniciada tras la denuncia de dos exempleadas contra el cantante Julio Iglesias por presuntos casos de acoso y agresión sexual cometidos en 2021 en República Dominicana y Bahamas, al determinar que los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre estos hechos.
El decreto emitido por el Ministerio Público indica que no se cumplen los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la justicia española pueda hacerse cargo del caso. La denuncia incluía acusaciones de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y violación de derechos laborales.
La Fiscalía recuerda que la legislación española requiere, entre otros criterios, que el acusado sea de nacionalidad española, que no exista un proceso abierto en el país donde ocurrieron los hechos o en un tribunal internacional, y que haya un nexo significativo con España, como la nacionalidad o residencia de las denunciantes.
En la resolución, se señala que las denunciantes son extranjeras y no residen en España; que los hechos presuntamente ocurrieron en países con plena competencia judicial; y que los acusados —Julio Iglesias y dos de sus asistentes— no viven en España y tienen nacionalidades diferentes.
El Ministerio Público concluye que no hay un vínculo relevante con España, ya que ni los incidentes tuvieron lugar en territorio nacional ni los involucrados están en el país. Además, destaca que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide modificar la jurisdicción correspondiente salvo que se pruebe una negligencia en la investigación, situación que no se da, puesto que no se ha denunciado en los países donde supuestamente ocurrieron los hechos.
Por ello, la Fiscalía aplica el artículo 23.5 de la LOPJ, que instruye a los tribunales españoles abstenerse cuando otro Estado tiene competencia.
Las diligencias preliminares, de carácter secreto, se iniciaron tras recibir la denuncia el 5 de enero; el día 16 se otorgó a las denunciantes la condición de testigos protegidos. Ambas están representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La existencia del proceso salió a la luz el mismo día en que una investigación periodística conjunta de eldiario.es y Univisión Noticias publicó los relatos de una ex empleada del hogar y una fisioterapeuta. Ambas describieron presuntas agresiones, lesiones y malos tratos en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.
Una de ellas narró que, durante su trabajo en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas, debía someterse a controles ginecológicos, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.
Desde el inicio, Julio Iglesias negó las imputaciones a través de su cuenta oficial en Instagram. Tras conocer la investigación, su defensa solicitó el archivo del caso por ausencia de jurisdicción y pidió participar en el procedimiento, alegando que la denuncia le produjo un «grave daño reputacional».
Posteriormente, el cantante compartió en sus redes mensajes que, según afirmó, recibió de las denunciantes, como parte de su defensa.
