Madrid, 26 de enero de 2026 — El Gobierno de España, en acuerdo con Podemos y con el respaldo de otros socios parlamentarios del Ejecutivo, prepara la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que reside en el país. La medida pretende beneficiar a más de medio millón de personas y se tramitará por Real Decreto, evitando así su paso por el Congreso de los Diputados.
Quién podrá acogerse y qué requisitos se exigirán
Según fuentes oficiales y del propio partido morado, podrán acogerse a esta regularización los extranjeros que cumplan tres condiciones clave:
- Haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025.
- Acreditar una estancia mínima de cinco meses en el país en el momento de presentar la solicitud.
- Carecer de antecedentes penales relevantes.
La residencia podrá demostrarse con documentos como empadronamiento, informes médicos, certificados de asistencia social, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, entre otros.
Efectos de la medida
Al presentarse la solicitud, quedarán suspendidos de inmediato los procedimientos de expulsión y de retorno, así como las órdenes administrativas por trabajar sin permiso. Una vez admitida, los beneficiarios recibirán una autorización provisional de residencia que les permitirá trabajar legalmente y acceder a prestaciones como asistencia sanitaria.
El permiso inicial será de un año, tras el cual será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al Reglamento de Extranjería.
Contexto político y social
La medida se presenta como respuesta a una demanda social impulsada por más de 600.000 firmas de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por numerosas organizaciones de la sociedad civil. El Ejecutivo y sus aliados defienden que esta regularización reconoce los derechos de personas que llevan años viviendo y trabajando en España sin papeles.
No obstante, la decisión ha suscitado críticas de la oposición. El Partido Popular ha calificado la iniciativa de irresponsable, alegando que podría generar un aumento de la economía sumergida y presionar los servicios públicos. Vox, por su parte, ha expresado un rechazo frontal a la regularización masiva, argumentando que fomentaría un efecto llamada migratorio.
Un paso inédito en años recientes
Esta será la primera regularización extraordinaria de gran alcance en España en más de dos décadas, en un momento de debate europeo sobre políticas migratorias que, en general, tienden hacia el endurecimiento de los controles fronterizos y la reducción de vías legales para la inmigración.
