Los dirigentes del PP y Vox expresan su oposición al plan del Gobierno para regularizar a casi medio millón de personas, mientras organizaciones sociales destacan el avance que supone la medida.
Madrid, 26 de enero de 2026.
La comunicación del Ejecutivo sobre una regularización extraordinaria para personas migrantes ha generado un intenso debate político y social. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líderes del Partido Popular y Vox respectivamente, han manifestado críticas hacia la iniciativa. Por otro, colectivos migrantes y grupos sociales la valoran como un progreso significativo en materia de justicia social.
Feijóo ha considerado que la política migratoria del presidente Pedro Sánchez es errática, estableciendo una comparación con su gestión en el ámbito ferroviario, y ha señalado que el Gobierno busca distraer la atención. Según Feijóo, la regularización podría fomentar un «efecto llamada» y representar un desafío para la viabilidad de los servicios públicos.
Santiago Abascal, líder de Vox, ha sido más enfático al denunciar al presidente como un «tirano» y al indicar que la medida acelerará «la invasión». En un mensaje publicado en la red social X, Abascal ha alertado sobre la regularización de «500.000 personas en situación irregular» y ha defendido políticas centradas en «repatriaciones, expulsiones y retorno».
En contraste, las organizaciones que promovieron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para esta regularización han celebrado la noticia como un logro muy esperado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el inicio de la tramitación de un real decreto que facilitará la obtención de permisos de residencia a quienes se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025, no tengan antecedentes penales y acrediten al menos cinco meses de residencia.
Silvana Cabrera, representante de la plataforma Regularización Ya, ha calificado esta acción como «un anhelo antes impensable» para miles de migrantes. En un acto organizado por Podemos, Cabrera resaltó que tras cada regularización hay «una historia de vida y una maleta llena de esperanzas», definiendo la iniciativa como un acto de reconocimiento y reparación contra el racismo estructural.
Desde la plataforma se ha señalado que esta medida beneficiará especialmente a grupos habitualmente excluidos de los procesos habituales de regularización, como trabajadoras del hogar mayores de 50 años, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes o personas con empleos precarios en sectores como la construcción y la hostelería.
Asimismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha dado una valoración positiva al anuncio. Mauricio Valiente, codirector de CEAR, ha afirmado que es «un acto de justicia» responder con rapidez a quienes ya contribuyen al desarrollo del país. Por su parte, Mónica López, también codirectora, ha señalado la necesidad de avanzar hacia soluciones «estructurales» que eviten periodos prolongados de irregularidad y garanticen la igualdad de derechos desde la llegada.
Las entidades sociales coinciden en que, aunque esta regularización supone un avance importante, persisten desafíos como la reforma de la ley de extranjería, la lucha contra el racismo y la mejora del acceso a la vivienda para la población migrante.
