Este martes, el Congreso de los Diputados retoma sus sesiones con una convocatoria extraordinaria destinada a votar el decreto-ley que contempla la actualización de las pensiones. Este acto constituye una de las primeras pruebas políticas de relevancia del año para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aún no tiene garantizados los votos necesarios para validar la medida. Esta situación amenaza la revalorización de las pensiones, dado que todavía no se han aprobado los presupuestos generales del Estado.
El decreto sometido a votación establece una actualización general de las pensiones del 2,7% para 2026, con aumentos mayores para las pensiones mínimas (7%) y las no contributivas (11,4%). Además, incluye otras disposiciones sociales de gran impacto, como la extensión de la moratoria en los desahucios, la prohibición de suspender suministros básicos a hogares en situación vulnerable y una serie de beneficios fiscales para autónomos afectados por la DANA y los incendios forestales.
Falta de apoyos definidos en el Congreso
El Partido Popular (PP) ha manifestado que votará en contra de la convalidación del decreto, argumentando que el Gobierno ha incluido en un solo paquete varias políticas y que debería separar la subida de las pensiones de otras medidas más controvertidas.
Por otro lado, Junts per Catalunya (Junts) tampoco ha confirmado su apoyo: no ha expresado un rechazo firme, pero su abstención simple no alcanzaría para aprobar el decreto. De hecho, este grupo ha registrado una propuesta de ley propia para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y, según fuentes parlamentarias, no planea respaldar la iniciativa gubernamental.
Ambas formaciones han solicitado al Ejecutivo que permita tramitar por separado sus propuestas para abordar el problema de manera efectiva, en palabras de dirigentes del PP que critican el uso del decreto como una “moneda de cambio” política.
Otras votaciones en el pleno extraordinario
Además del decreto sobre pensiones, se someterá a votación otra norma que prorroga las ayudas al transporte público. En este caso, Junts ha avanzado que votará en contra, mientras que el PP considera que los recursos deberían destinarse a infraestructuras, en especial a la conservación de las vías. Unidas Podemos también rechaza el decreto, defendiendo que el transporte público debería ser «totalmente gratuito».
El PSOE junto a su socio de coalición, Sumar, han defendido la integridad de ambos decretos y se oponen a fragmentarlos para facilitar la aprobación parcial. Sumar ha instado a quienes se oponen a algunas medidas que expliquen sus motivos públicamente.
Reproches por la gestión del sistema ferroviario
En paralelo, la Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará diversas comparecencias, incluida la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión del sistema ferroviario tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como por los problemas en la red de Rodalies. Partidos opositores como PP, Vox, Junts y ERC han pedido la destitución del ministro y reiterarán sus demandas en esta sesión.
Asimismo, se decidirá si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el pleno a solicitud del PP, para informar sobre la situación en Venezuela y sobre la «escalada de casos de corrupción» que afectan a su partido y al Ejecutivo. La comparecencia de Sánchez en relación con los accidentes ferroviarios y otros asuntos internacionales está programada para el 11 de febrero ante el pleno del Congreso, tras descartarse su intervención esta semana en el Senado.
