Este martes, la coalición parlamentaria conformada por PP, Vox, UPN y Junts evitó la aprobación en el Congreso del decreto del Gobierno que contemplaba la revalorización inmediata de las pensiones, el aumento del salario mínimo y un conjunto amplio de medidas sociales enfocadas en las familias vulnerables. La norma fue rechazada con 178 votos en contra frente a 171 a favor, aunque el segundo decreto sobre ayudas al transporte público sí recibió el visto bueno de la Cámara.
El Ejecutivo culpó directamente a la derecha parlamentaria de frenar el aumento de las pensiones para más de 13 millones de personas, señalando que estos partidos presentaron «excusas políticas» al solicitar que las medidas sociales se tramitasen de forma separada. Desde el Gobierno advirtieron que esta resolución afectará de manera inmediata a millones de ciudadanos.
Los grupos que votaron en contra argumentaron que su rechazo se debía a la inclusión en un mismo decreto de disposiciones como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias en situación vulnerable. PP, Vox, UPN y Junts opinan que estas medidas fomentan la ocupación ilegal y perjudican a pequeños propietarios, interpretación que el Ejecutivo rechazó, aclarando que las limitaciones aplican únicamente a grandes tenedores con más de 11 viviendas.
El texto rechazado contemplaba, entre otras cuestiones, un incremento del 2,7% para la mayoría de las pensiones contributivas y subidas del 7% al 11% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Además, incluía la prórroga del bono social eléctrico, la limitación de cortes en suministros básicos y ayudas para los afectados por la dana.
Junts, que ha mostrado distanciamiento respecto al bloque de investidura en los últimos meses, justificó su voto negativo afirmando que no se oponen a la subida de las pensiones, sino a la combinación de varias medidas en un único decreto. Su portavoz, Míriam Nogueras, pidió una ley específica contra las ocupaciones y manifestó que su partido respaldará la subida de las pensiones si se presenta en una regulación independiente.
El PNV, socio habitual del Gobierno, también expresó su descontento por la ausencia de negociación previa y advirtió que no garantizará su respaldo en futuras votaciones si el Ejecutivo sigue utilizando decretos de emergencia sin el consenso necesario.
Durante la discusión, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la agenda social del Gobierno, señalando que la meta es aprovechar el crecimiento económico para proteger a los colectivos más vulnerables. Los grupos de izquierda y nacionalistas que apoyaron el decreto criticaron a la oposición por anteponer el desgaste político a los intereses de los pensionistas.
El segundo decreto, que se centró en la bonificación del transporte público, fue aprobado con 179 votos a favor, aunque estuvo marcado por las críticas de PP y Vox tras los recientes accidentes ferroviarios.
Tras la derrota en el Parlamento, el Gobierno considera aprobar un nuevo decreto que garantice el pago de las pensiones con el incremento aplicado en enero, con el fin de ganar tiempo para renegociar su convalidación en el Congreso.
