El Ejecutivo ha expresado su crítica hacia PP, Junts y Vox luego de que el real decreto ley ómnibus fuera rechazado en el Congreso de los Diputados, considerando que el voto negativo representa un perjuicio para las familias más desfavorecidas del país.
Así lo declaró este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien describió como una situación «grave» el resultado en la Cámara Baja, donde no prosperó una norma que contemplaba medidas como la actualización de las pensiones, la prolongación de la suspensión de desahucios para colectivos en situación vulnerable y la congelación de las cuotas de los autónomos.
“La postura política que defienden partidos de derecha y extrema derecha implica que las familias más vulnerables sean desalojadas de sus hogares”, expresó Bustinduy, enfatizando que esta actitud resulta inaceptable.
El ministro adelantó que tiene la intención de presentar nuevamente el real decreto ley en el Congreso para intentar su aprobación. También afirmó que el voto en contra de PP y Junts responde a “presiones y amenazas” ejercidas por la ultraderecha.
En este contexto, Bustinduy instó a los grupos parlamentarios que rechazaron la propuesta a “prestar atención a las demandas sociales” y a iniciar “un diálogo razonable y constructivo sobre los objetivos del país”. “España es un país con valores diferentes, una sociedad que supera esas posiciones”, aseguró.
La innovación social, clave para asegurar derechos
Las declaraciones del ministro tuvieron lugar antes de su participación en un encuentro estatal sobre innovación social en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, donde se presentaron 35 proyectos innovadores orientados a desarrollar un nuevo modelo de cuidados comunitarios.
Estos proyectos, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, cuentan con una inversión total de 56 millones de euros. Bustinduy destacó que la innovación social es una “herramienta fundamental” para garantizar derechos y facilitar que las personas puedan vivir “donde y como prefieran”.
“La administración pública debe estar al servicio de mejorar la vida de las personas, asegurando igualdad de oportunidades, justicia y dignidad”, afirmó el ministro, resaltando que las condiciones personales o el origen no deben determinar el curso de vida de nadie.
Durante el acto se presentó también la Cartera de innovaciones, una plataforma que recopila y conecta aprendizajes de varios proyectos, además de la Plataforma Vidas, un espacio colaborativo que fomenta acciones conjuntas entre entidades sociales y organismos públicos.
Según el Ministerio, hasta la fecha se han invertido o comprometido 212 millones de euros en fondos europeos para impulsar soluciones innovadoras. Entre los proyectos destacados figura el Proyecto CASA, realizado por la Asociación FICE, que facilita el retorno al entorno familiar del 75 % de los menores tutelados durante el primer año, y una iniciativa conjunta de Provivienda y la Fundación Matía que ofrece alternativas de vivienda para personas mayores, promoviendo su autonomía y bienestar a través de un acompañamiento social integral.
