El empresario Víctor de Aldama compareció este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación relacionada con un fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la compañía Villafuel, que supuestamente alcanzó los 182,5 millones de euros entre los años 2022 y 2024.
De Aldama fue arrestado el 7 de octubre de 2024 y permaneció un mes en prisión preventiva, junto al propietario de Villafuel, Claudio Rivas. Fue puesto en libertad tras comprometerse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo, por el cual enfrenta una pena de siete años de prisión, con la causa pendiente de juicio en el Tribunal Supremo.
El interrogatorio a De Aldama se realizó después de que Rivas comunicara al juez Santiago Pedraz que no declararía hasta que todos los imputados y testigos de esta nueva fase de diligencias fueran citados. El miércoles anterior, testificó Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien confirmó reuniones con Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que dichas reuniones tuvieran relación con la obtención de la licencia de operador para Villafuel.
En su primera declaración tras la detención, De Aldama negó tener vínculos con Villafuel, a pesar de describir a Rivas como socio y amigo personal, y calificó de “broma” cualquier relación con la empresa. La Unidad Central Operativa (UCO) señala que la supuesta red encabezada por De Aldama pretendía que Villafuel recibiera la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, permiso que fue otorgado el 12 de septiembre de 2022 tras comprobar el cumplimiento de los requisitos financieros.
Además de De Aldama, están convocados como testigos Manuel Hernández García, quien supuestamente mantuvo mensajes con Aldama en marzo de 2021 antes de que se denegara una autorización, y Manuel S., empresario señalado como intermediario en la compra de un inmueble vinculado a Ábalos y relacionado con la operadora Gaslow, también propiedad de Rivas y bajo investigación por otro fraude en el IVA de hidrocarburos.
La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional, donde se prevé que las nuevas declaraciones contribuyan a esclarecer esta compleja red que combina presunto fraude fiscal con posibles influencias políticas en el sector energético.
