Profesores y organizaciones advierten sobre la carencia de respaldo institucional para los coordinadores escolares de bienestar, un cargo instaurado hace tres años para evitar la violencia en las aulas, que en muchos casos se ha transformado en una responsabilidad extra para los docentes.
Amaya Matos, profesora de Biología con 16 años en el IES Guadarrama, desempeña desde hace tres cursos además el puesto de coordinadora de bienestar, junto con su función como jefa de estudios adjunta. Al igual que numerosos colegas, compagina estas responsabilidades con su labor docente sin reducción del horario ni remuneración adicional. “En mi caso, lo hago por compromiso personal”, reconoce.
El cargo de coordinador de bienestar fue establecido por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) con el objetivo de prevenir, detectar y actuar frente a situaciones violentas en los centros educativos. No obstante, un informe reciente de la ONG Educo destaca que su aplicación ha sido insuficiente, señalando como principales obstáculos la falta de tiempo, formación específica, compensación económica y criterios homogéneos en todo el territorio nacional.
En la práctica diaria, los coordinadores atienden y apoyan a los alumnos ante conflictos de convivencia, peleas, problemas emocionales severos e incluso casos de riesgo por autolesiones o trastornos alimenticios. Matos subraya el valor de este rol como referente: “Es esencial que los estudiantes sepan a quién dirigirse en caso de tener algún problema”.
El panorama educativo presenta dificultades. Según el informe internacional TALIS, el 6% de los directores de secundaria en España informan de intimidación o abuso verbal hacia el profesorado, y el 18% registran casos de acoso escolar, cifras que colocan al país ligeramente por encima o por debajo de la media de la OCDE, respectivamente.
Limitaciones de tiempo y capacitación
Expertos indican que, además de intervenir en problemas evidentes, el coordinador desempeña un papel fundamental en prevenir situaciones de riesgo. “Aporta una perspectiva preventiva y protectora que antes no estaba sistematizada en los centros educativos”, explica Mónica Viqueira, de Educo. Sin embargo, para que esta función sea eficaz, es necesario disponer de suficiente tiempo. UNICEF España recomienda dedicar al menos 23 horas semanales por cada 1.000 estudiantes, un criterio que la mayoría de los coordinadores no cumple.
“Debemos combinar la coordinación con otras responsabilidades. Al final, es una tarea que realizamos en horas libres, como podemos”, relata Matos. Esta sobrecarga también repercute en la accesibilidad para los alumnos, según Nacho Martínez, portavoz de UNICEF España: “A menudo resulta difícil contactar con los coordinadores debido a su saturación”.
La capacitación representa otro punto débil. Muchos docentes asumen esta función sin la preparación adecuada para identificar problemas de salud mental o situaciones de riesgo, recurriendo únicamente a breves cursos en línea. “Esto es claramente insuficiente para una tarea tan delicada”, enfatiza Martínez. Matos añade que el coordinador no sustituye el papel de profesionales especializados: “Podemos detectar y acompañar, pero la solución no está en nuestras manos. Se requieren psicólogos, psiquiatras y una mejor coordinación con los servicios sanitarios”.
Diferencias por comunidades autónomas
La LOPIVI delega en las comunidades autónomas la regulación de esta figura, lo que genera disparidades en apoyo, horario, formación y remuneración. Solo Canarias, Cataluña y Galicia ofrecen algún tipo de compensación económica. “Los niños y niñas tienen derecho a protección, que no debería variar según la región donde residan”, concluye Viqueira.
A tres años de su instauración, la figura de coordinador de bienestar continúa siendo esencial; sin embargo, para que pueda cumplir adecuadamente su función, es imprescindible contar con tiempo, preparación y respaldo institucional.
