La despoblación, un desafío antiguo en las zonas rurales de Aragón, ocupa un papel destacado en el debate político previo a las elecciones del 8 de febrero. Los partidos saben que el electorado rural podría ser determinante y están orientando sus campañas en torno a este tema.
En Aragón, aproximadamente la mitad de sus 1,3 millones de habitantes vive en Zaragoza, y un 28 % de sus municipios cuentan con menos de 100 residentes. La ausencia de renovación generacional y el envejecimiento afectan de forma estructural a la región, impactando en la prestación de servicios básicos y reduciendo las oportunidades en el entorno rural.
El escritor zaragozano Sergio del Molino aborda esta realidad en su ensayo La España Vacía, donde contrasta la España urbana con la interior, caracterizada por escasas comunicaciones y servicios. La baja densidad de población en Aragón, con unos 29 habitantes por kilómetro cuadrado, ilustra este fenómeno: de 731 municipios, 543 tienen menos de quinientos habitantes, según datos del INE.
Los habitantes de zonas rurales demandan acceso a escuelas, servicios sanitarios y espacios sociales como bares, fundamentales para combatir el aislamiento. En este sentido, la inmigración, tanto interna como externa, se percibe como una posibilidad de revitalizar estos pueblos, facilitando la reapertura de colegios, tiendas y centros médicos.
Los partidos políticos de Aragón concuerdan en la necesidad de garantizar servicios básicos y promover proyectos vitales en las áreas más despobladas, como los Pirineos o las cuencas mineras de Teruel, pese a que difieren en sus enfoques. Aragón Existe, CHA y PAR adoptan una perspectiva más rural, mientras PSOE, PP, Vox, Podemos, IU y Sumar proponen soluciones de carácter más general.
La financiación autonómica constituye un tema de controversia: el PP critica un trato desigual con respecto a Cataluña, mientras el PSOE indica que el nuevo modelo aportará 631 millones de euros adicionales para la comunidad.
Mientras se debaten estas propuestas, Aragón continúa siendo un “campo de pruebas” para los grandes partidos, que evaluarán los resultados del 8 de febrero como una referencia para sus estrategias ante futuras elecciones generales.
