La Justicia de Argentina ha iniciado un proceso sin precedentes al requerir formalmente a Estados Unidos la extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro, para que responda ante la justicia argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato en Venezuela.
La petición fue firmada el miércoles por el juez federal Sebastián Ramos, quien desde 2023 investiga un caso basado en una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Este procedimiento se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que permite al sistema judicial argentino indagar violaciones graves a los derechos humanos, incluso si ocurrieron fuera del país y fueron cometidas por ciudadanos extranjeros.
El pedido de extradición se envió al gobierno de Estados Unidos mediante un exhorto internacional, con la intención de que Maduro —quien presuntamente fue detenido y trasladado a territorio estadounidense a comienzos de enero— sea entregado a Argentina para enfrentar las acusaciones presentadas en su contra.
En septiembre de 2024, el mismo magistrado había ordenado la captura internacional de Maduro y otros funcionarios destacados del gobierno venezolano, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, al considerar que la cúpula del régimen implementó un “plan sistemático y organizado a lo largo del tiempo” contra civiles, mediante actos de persecución, secuestro, tortura y asesinatos.
El fiscal federal argentino Carlos Stornelli apoyó la solicitud tras conocer la detención de Maduro en Estados Unidos, exhortando a activar el proceso legal para que el exmandatario sea sometido a juicio en territorio argentino.
Este caso se suma a las acusaciones que Maduro enfrenta en Estados Unidos por narcoterrorismo y otras infracciones federales, lo que genera un escenario jurídico complejo donde la colaboración internacional será fundamental para decidir si el líder venezolano es finalmente entregado a las autoridades argentinas.
La iniciativa judicial argentina representa un hecho relevante en la aplicación del derecho internacional y en la persecución de crímenes de lesa humanidad, evidenciando el compromiso del país sudamericano con la justicia más allá de sus fronteras.
