La Fiscalía General de Venezuela gestionó y consiguió ante un tribunal la revocación de la libertad otorgada al líder opositor Juan Pablo Guanipa, horas después de que fuera excarcelado, alegando que éste habría incumplido las condiciones de la medida cautelar que permitió su salida.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio Público, las medidas cautelares exigen el “cumplimiento estricto de las obligaciones fijadas por los tribunales”, razón por la cual se solicitó el traslado de Guanipa a un régimen de detención domiciliaria.
Este cambio tiene lugar luego de que el dirigente de Primero Justicia fuera liberado el domingo pasado tras casi nueve meses encarcelado bajo cargos que tanto él como sus allegados —entre ellos la reconocida líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado— califican de arbitrarios y motivados políticamente.
Poco después de su liberación, Machado denunció que personas fuertemente armadas detuvieron a Guanipa, en un acto que su entorno calificó como una detención o secuestro por fuerzas estatales no identificadas. Igualmente, su hijo, Ramón Guanipa, informó que cerca de diez individuos interceptaron a su padre tras la excarcelación.
Guanipa, exgobernador del estado Zulia y destacado miembro de la oposición venezolana, había liderado previamente una caravana en apoyo a las familias de presos políticos, reclamando también la liberación de otros detenidos antes de estos acontecimientos.
Esta situación se produce en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, en medio de anuncios sobre excarcelaciones masivas y un debate parlamentario para la posible aprobación de una ley de amnistía para presos políticos, presentada como parte de un proceso de transición política en el país.
