Se cumplen dos años desde el trágico incidente ocurrido en el puerto de Barbate, que resultó en la muerte de los agentes de la Guardia Civil Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez Carracedo, de 43. Ambos perdieron la vida luego de que una narcolancha los embistiera durante una operación contra el narcotráfico, destacando la alta peligrosidad de estas intervenciones y la violencia con la que actúan las redes criminales en el Estrecho.
La investigación finalize recientemente ha llevado a la apertura de un juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, piloto de la embarcación, y Yassine El Morabet, que lo acompañaba. Dos tripulantes adicionales serán juzgados en un proceso separado por contrabando, pues no existen evidencias de su participación directa en el ataque mortal.
El juez ha imputado a El Baqqaly con dos asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa, mientras que El Morabet enfrenta seis cargos de atentado agravado, debido a que utilizó un puntero láser contra los agentes antes del choque, dificultando su defensa.
Según el auto judicial, los hechos sucedieron entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024, cuando seis agentes acudieron a inspeccionar la presencia de seis narcolanchas protegidas del mal tiempo. El magistrado señala que El Baqqaly embistió intencionadamente la embarcación oficial, consciente de la inferioridad de la zodiac frente a la potente lancha y de que se trataba de agentes, quienes no pudieron reaccionar a tiempo.
El impacto causó la muerte inmediata de González y Pérez Carracedo, mientras que los otros cuatro agentes resultaron con lesiones físicas y psíquicas. La Fiscalía ha valorado las responsabilidades económicas en 2.500.000 euros; sumando daños materiales y psicológicos, la cifra asciende a 3.300.000 euros que deberá abonar El Baqqaly.
Los restantes tripulantes se entregaron entre septiembre de 2024 y mayo de 2025; actualmente, solo El Baqqaly sigue en prisión. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo archivó de forma definitiva las denuncias contra los mandos de la Guardia Civil que dirigieron el operativo, confirmando la ausencia de negligencia penal en la planificación.
Este aniversario pone de relieve el riesgo que enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico en la costa gaditana y la determinación de la justicia para castigar a quienes atacan a la autoridad.
