El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizaron este miércoles una intensa disputa de acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que la administración de su Ejecutivo tras los recientes siniestros ferroviarios podría derivar en procesos judiciales.
Durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados destinada a examinar las repercusiones políticas del grave accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), que hasta el momento ha provocado la muerte de 46 personas, Feijóo responsabilizó al jefe del Ejecutivo de «negligencia continuada con resultado de muerte» y aseguró que «su Administración también tendrá que responder judicialmente por estos hechos».
El líder del Partido Popular reprochó a Sánchez el haber desoído advertencias sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias y no haber asumido responsabilidades tras la tragedia, que calificó de «prevenida». Además, exigió que tanto Sánchez como el ministro de Transportes, Óscar Puente, renuncien a sus cargos ante la acumulación de errores que, en su opinión, provocaron una crisis en la seguridad de la red ferroviaria española.
Por su parte, Santiago Abascal se sumó a las críticas y señaló que el accidente no solo fue una catástrofe, sino un «acto grave» cuya responsabilidad penal debe ser analizada, anticipando también que Sánchez acabará respondiendo ante la justicia por su administración.
Estas intervenciones tuvieron lugar en un contexto de alta polarización política en la Cámara Baja, donde la derecha ha intensificado la presión sobre el Gobierno socialista tras los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona). Ambos sucesos han reavivado el debate sobre la seguridad ferroviaria en España y han generado demandas de aclaraciones y responsabilidades políticas, e incluso judiciales.
El presidente Sánchez, en respuesta, defendió la gestión de su equipo, destacando que la red ferroviaria española es una de las más avanzadas a nivel mundial y rechazó las acusaciones opositoras, calificándolas como falsedades y resaltando que el Gobierno ha reforzado la seguridad y garantiza la investigación completa de todas las causas.
Este intercambio de opiniones se desarrolla en un ambiente de creciente tensión política en España, con la oposición aprovechando las consecuencias de los accidentes para poner en cuestión la gestión del Ejecutivo y exigir modificaciones en las políticas de infraestructuras y seguridad.
