La representación legal de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha solicitado este jueves suspender la vista preliminar del juicio por la presunta trama de las mascarillas, que estaba previsto celebrar el Tribunal Supremo. La abogada Leticia de la Hoz fundamenta dicha solicitud en la necesidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de aclarar qué órgano judicial es competente para juzgar a García, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, tras la pérdida del aforamiento del exministro debido a su renuncia al acta de diputado.
Según la defensa, si se acepta la petición, la vista oral quedaría suspendida hasta que el TJUE emita su resolución. El escrito fue presentado apenas una hora antes de la hora prevista para la audiencia, fijada a las 11:00 horas. En semanas previas, García había cuestionado la competencia del Supremo para seguir con el proceso después de la renuncia de Ábalos al Congreso.
Por otro lado, la Sala Penal del Supremo informó de cambios en la composición del tribunal. La magistrada de perfil progresista Susana Polo reemplazará a Vicente Magro, quien tenía compromisos judiciales importantes. Con esta incorporación, el tribunal quedará conformado por siete magistrados: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Susana Polo y Javier Hernández. Este es el segundo cambio en 24 horas, después de la baja médica de Ana Ferrer.
Asimismo, el Supremo rechazó la solicitud del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para personarse en la vista preliminar, a pesar de estar imputado en otro proceso relacionado con adjudicaciones de obras públicas, las cuales fueron derivadas a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos. La defensa de Cerdán argumentaba que en la sesión se tratarían aspectos esenciales del procedimiento y que las decisiones tomadas no serían recurribles.
Con estas circunstancias, el juicio por el caso de las mascarillas entra en una etapa de incertidumbre, a la espera de la resolución del TJUE sobre la competencia judicial, que podría determinar si el proceso corresponde celebrarse en el Supremo o en otro tribunal.
