El comisario principal José Ángel González ha presentado su renuncia irrevocable al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que se admitiera a trámite una querella que incluye cargos por agresión sexual con penetración, coacciones y malversación.
Este martes 17 de febrero de 2026, la cúpula de la Policía Nacional enfrenta una situación institucional sin precedentes. El director adjunto operativo (DAO) y segundo al mando del cuerpo, el comisario principal José Ángel González, comunicó su dimisión inmediata tras la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. La causa se originó a partir de una querella presentada por una agente que denuncia haber sufrido una agresión sexual en abril de 2025.
El auto del magistrado David Maman establece que González debe declarar como investigado el próximo 17 de marzo. La denunciante también comparecerá ese mismo día para confirmar su relato, que expone una dinámica de «dominación y sumisión psicológica» apoyada en la desigualdad de poder institucional que ejercía el DAO.
Detalles de la denuncia: orden oficial con fines ilícitos
La querella describe un evento ocurrido el 23 de abril de 2025. Según la mujer agente, mientras estaba en servicio activo en la comisaría de Coslada, recibió instrucciones directas de González para abandonar su puesto en un vehículo camuflado y acudir a una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior. En dicho lugar, el DAO presuntamente consumó la agresión sexual con penetración, a pesar de la oposición «clara y tajante» de la víctima.
El escrito acusa además que tras estos hechos comenzó una campaña de acoso telefónico y coacciones, tanto del investigado como de otros cargos superiores, con la intención de silenciar a la denunciante mediante «beneficios laborales». Actualmente, la agente está de baja psicológica y le han retirado el armamento por las consecuencias de lo ocurrido.
Una figura esencial en la etapa de Marlaska
José Ángel González, natural de La Rioja y nacido en 1959, ocupaba el puesto de DAO desde octubre de 2018, siendo el mando operativo principal designado por el ministro Grande-Marlaska. Su continuidad en el cargo ya había generado controversia en noviembre de 2024, cuando el Ejecutivo modificó la ley para impedir su jubilación a los 65 años y permitir que siguiera al frente del cuerpo.
Según fuentes del Ministerio del Interior, su renuncia responde a la necesidad de «preservar la reputación institucional». De todos modos, colectivos policiales como Jupol habían solicitado su destitución inmediata tras revelar la gravedad de los cargos, que incluyen coacciones, daños psíquicos y malversación de fondos públicos, esta última relacionada con el empleo de vehículos y recursos oficiales para facilitar el presunto crimen.
