Dos de los 140 beneficiarios de las viviendas de protección pública (VPP) ubicadas en la Playa de San Juan, Alicante, han optado por renunciar a sus viviendas en medio de la investigación que afecta al Ayuntamiento local, según informó el alcalde Luis Barcala (PP) este martes.
Durante una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno municipal, Barcala aclaró que estas dos personas no ocupan cargos públicos, y añadió que no puede compartir detalles específicos sobre las razones de su decisión debido a la Ley de Protección de Datos. No obstante, señaló que posiblemente no cumplían con los requisitos establecidos o interpretaron erróneamente los criterios para obtener estas viviendas.
Este caso ha desencadenado la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de una directora general del Ayuntamiento. Ante esta situación, el alcalde hizo un llamamiento para que quienes hayan recibido alguna vivienda de forma indebida sigan el ejemplo de quienes renunciaron y devuelvan sus inmuebles.
Barcala afirmó asimismo que su gobierno continuará actuando con firmeza, rapidez y total transparencia, consciente de la preocupación social generada por este asunto.
