La Guardia Civil detuvo un lote congelado al comprobar que excedía la fecha de consumo preferente sin cumplir con las garantías sanitarias necesarias. Este producto, destinado a la distribución, debe ser tratado ahora como residuo no apto para consumo humano.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han realizado una intervención significativa contra el fraude alimentario en Galicia al inmovilizar cautelarmente 186 toneladas de pescado congelado. La mercancía fue incautada en un frigorífico de Marín (Pontevedra), donde se almacenaba y distribuía para terceros, después de verificar que el producto tenía una fecha de consumo preferente vencida y carecía de la autorización legal para su prórroga.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que el pescado permanecía en las cámaras junto a otros alimentos sin que se hubiera aplicado el procedimiento técnico y sanitario imprescindible para extender su vida útil. Según la legislación vigente, cuando se supera esta fecha, el alimento pierde su estatus comercial y debe considerarse residuo SANDACH (subproducto animal no destinado para consumo humano).
Una práctica fraudulenta sometida a control
Desde la Comandancia de Pontevedra alertan que mantener productos caducados en las cámaras es una práctica frecuente en algunas empresas del sector. El propósito de esta acción sería realizar prórrogas fraudulentas de la vida útil para volver a introducir el alimento en el mercado, evadiendo los rigurosos análisis que garantizan la seguridad y las propiedades organolépticas del producto.
La Guardia Civil indica que estas irregularidades suelen ocultar al consumidor la fecha real de congelación. En inspecciones previas, se han hallado lotes con fechas de consumo preferente que databan del año 2011. Además, se han identificado intentos de comercializar productos con alteraciones en la cadena de frío provocadas por fallos durante el transporte o almacenamiento.
Competencia exclusiva del fabricante
La investigación enfatiza que solo corresponde al fabricante establecer y reevaluar las fechas de duración del producto en base a sus propios análisis. Las empresas intermediarias no están autorizadas para extender estos plazos mediante estudios externos que carezcan de respaldo oficial.
Tras la inmovilización de las 186 toneladas en Marín, el Seprona ha remitido el expediente al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta de Galicia. Este organismo autonómico supervisará que toda la mercancía sea destruida o gestionada adecuadamente como residuo, evitando así riesgos para la salud pública derivados de una posible venta irregular.
