El Ejecutivo ha presentado un anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que modificará 18 normas, incluyendo seis leyes orgánicas, con el propósito de intensificar las medidas contra la corrupción en los contratos públicos. Estas nuevas disposiciones establecen mayores controles para empresas, administraciones y partidos políticos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó luego del Consejo de Ministros que se trata de una legislación «muy ambiciosa». Entre las principales novedades se incluye la creación de un registro público para empresas inhabilitadas para contratar con la administración, además de extender de 15 a 20 años el período durante el cual las compañías sancionadas por corrupción estarán impedidas de contratar con el Estado o de beneficiarse de subvenciones y ventajas fiscales.
Asimismo, se disminuyen los límites para la transparencia en las donaciones a partidos políticos: ahora deberán publicar las aportaciones superiores a 2.500 euros, en contraste con los 25.000 euros vigentes hasta ahora. Además, los partidos políticos deberán someter sus cuentas a auditorías externas, y se reforzarán las sanciones para quienes incumplan estas exigencias.
La ley también amplía el plazo de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, fortalece la Oficina de recuperación y gestión de activos, y amplía las facultades del Estado para incautar propiedades de personas involucradas en actos corruptos a través de mecanismos como el «decomiso sin condena» y la confiscación de «riqueza injustificada».
El Gobierno subraya que estas iniciativas pretenden mejorar la transparencia, reforzar la rendición de cuentas y evitar la corrupción en todos los niveles de la administración pública.
