El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha decidido posponer indefinidamente su propuesta principal para esta legislatura, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc). Después de meses de tensión institucional sin precedentes y una huelga estudiantil que dejó vacías las facultades en noviembre, el Gobierno regional ha anunciado que la normativa, en su forma actual, no verá la luz. Esta decisión representa un importante giro político con el objetivo de evitar una huelga indefinida prevista para comienzos de 2026.
Destitución de Viciana y nombramiento de Mercedes Zarzalejo
La paralización de la Lesuc ha tenido consecuencias políticas inmediatas: el relevo abrupto de Emilio Viciana, hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Su gestión fue cuestionada por no conseguir un acuerdo mínimo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos), quienes criticaron que la ley atentaba contra la autonomía universitaria y favorecía la privatización del sistema.
En su lugar, asume el cargo Mercedes Zarzalejo, una persona de plena confianza para Isabel Díaz Ayuso. Zarzalejo, doctora en Derecho y anterior viceconsejera del área, tiene como objetivo restaurar la calma en un sector que estaba en conflicto. Además, los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria también han sido reemplazados, evidenciando una renovación completa en la cúpula educativa para iniciar una etapa de diálogo.
La financiación plurianual: nuevo foco prioritario
El portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, ha aclarado que la prioridad ya no es una reforma legislativa integral, sino el desarrollo de un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas. Este aspecto fue el punto más polémico de la Lesuc, dado que las instituciones denunciaban una falta de fondos crónica que las ha llevado a dificultades financieras.
La finalidad de la nueva consejera es presentar cuanto antes un plan financiero que cuente con el apoyo unánime de los seis rectores. Este modelo no necesitaría necesariamente una ley para su implementación, lo que facilitaría su puesta en marcha y contribuiría a aliviar la presión económica en centros como la Complutense, que recientemente anunció recortes en personal y titulaciones para controlar su deuda.
Una pausa estratégica ante la presión social
Este cambio de dirección responde a una evaluación pragmática de la situación social. La comunidad universitaria tenía prevista para este sábado una intensificación de protestas que podría haber paralizado el curso académico. Al suspender la ley, el Gobierno regional no solo neutraliza esas movilizaciones, sino que también gana tiempo para que Mercedes Zarzalejo restablezca las relaciones con los rectores, que por ahora mantienen dudas sobre si estas modificaciones en la dirección implicarán un cambio real en el apoyo a la educación pública.
