El Ministerio del Interior alteró de manera discreta la Ley de Personal de la Policía para extender el mandato de José Ángel González, a quien el ministro definió como «impecable»
La renuncia de José Ángel González al cargo de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, tras ser acusado por una presunta agresión sexual con penetración, ha reavivado la discusión sobre la maniobra legislativa que el ministro Fernando Grande-Marlaska llevó a cabo para mantenerlo en su puesto. En noviembre de 2024, el Gobierno aprovechó el segundo Real Decreto de ayudas relacionadas con la DANA para incluir una modificación legal que impedía la jubilación obligatoria del comisario. Esta acción fue considerada por la oposición como una «indignidad» en su momento.
Una reforma legal personalizada incluida en un decreto urgente
El Ejecutivo utilizó la emergencia generada por la catástrofe en la Comunitat Valenciana para ajustar la normativa vigente a sus necesidades. Mediante una disposición dentro del decreto de ayudas, modificó el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional. Esta reforma autorizaba que el jefe del DAO continuara en servicio activo más allá de los 65 años siempre que ocupara el puesto, otorgando al ministro la facultad de decidir discrecionalmente su cese.
El Ministerio del Interior argumentó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la medida respondía a una «emergencia nacional». Según el documento, reemplazar al responsable operativo en medio de la gestión de la DANA sería «altamente disfuncional», dado que su función en la coordinación de más de 10.000 efectivos desplegados para rescate y seguridad era fundamental.
La dimensión política dentro de la Policía
No obstante, esta maniobra, considerada una «artimaña» por varios sectores, fue cuestionada por la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez. Ella puso en duda la justificación para mantener excepcionalmente a González, dado que existen 170 comisarios principales en la Policía. La oposición criticó que las ayudas a las víctimas se utilizaban como mecanismo para conservar lo que identificaban como el «brazo político» de Marlaska dentro de la institución policial.
El ministro, quien previamente había expresado en el Senado su intención de equiparar la situación del DAO de la Policía con la de su homólogo en la Guardia Civil, elogió públicamente a González durante sesiones parlamentarias, describiendo su trayectoria como «impecable» e «indiscutible».
El cierre de la etapa de González
Este respaldo legal terminó abruptamente con la admisión a trámite de la denuncia presentada ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. El hasta entonces hombre de confianza de Marlaska enfrenta no solo una acusación por agresión sexual con penetración a una funcionaria, sino también cargos relacionados con coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos.
La dimisión pone fin a una estructura de mando diseñada por Interior específicamente para el comisario investigado. Esto deja en una situación compleja al ministro, quien impulsó una reforma legislativa excepcional para asegurar la permanencia de González al mando de la operatividad policial.
