Ceuta, 19 de febrero de 2026
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha expresado su profunda indignación por el último comunicado del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), al que acusa de ofrecer una visión “cínica y alejada de la realidad” sobre la situación sanitaria en la ciudad.
Según el sindicato, mientras la dirección territorial del organismo —encabezada por Jesús Lopera— insiste en proyectar una imagen de normalidad y calidad asistencial, el día a día en Ceuta está marcado por el cierre de servicios debido a la falta de especialistas, las derivaciones constantes a la península y una creciente dependencia de la sanidad privada para cubrir prestaciones que deberían formar parte estructural del sistema público.
El SMC recuerda que esta es la misma administración que ha defendido públicamente que determinados servicios, como la radioterapia, no son viables en la ciudad por criterios de rentabilidad. Al mismo tiempo, permanece cerrada la unidad de Hemodinámica —pese a una inversión pública millonaria— por la ausencia de cardiólogos hemodinamistas.
A esta situación se suma, según el sindicato, el gasto de cerca de 700.000 euros en contratos con clínicas privadas para garantizar la atención en Salud Mental, una práctica que contrasta con la reiterada negativa del INGESA a reconocer cualquier proceso de privatización. Para el colectivo médico, esta estrategia refleja un modelo de gestión que prioriza el equilibrio presupuestario frente a la equidad asistencial.
“En Ceuta, cada especialista que no se capta no es una cifra: es una consulta que se cierra, una cirugía que se retrasa o una familia que debe cruzar el Estrecho para recibir tratamiento”, subrayan desde el SMC.
El sindicato también cuestiona las cifras de seguimiento de la huelga difundidas por el organismo gestor. A su juicio, los datos se ven distorsionados por la imposición de servicios mínimos que, en algunos casos, triplican la actividad considerada esencial, obligando a los facultativos a asumir más horas y mayor carga asistencial incluso durante las jornadas de paro. El resultado, denuncian, es una actividad “artificialmente elevada” que permite minimizar el impacto real de la movilización.
Asimismo, el colectivo médico lamenta la falta de sensibilidad institucional hacia asociaciones de pacientes y familias, como las vinculadas al TDAH, que se han visto obligadas a acudir a instancias judiciales ante la ausencia de soluciones estructurales.
El SMC considera especialmente paradójico que este escenario se produzca bajo la gestión directa del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, que a nivel nacional impulsa iniciativas contra la privatización sanitaria mientras, en territorios como Ceuta, se consolida un modelo basado en externalizaciones y derivaciones.
En este contexto, el sindicato advierte de que el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, no puede mantenerse al margen de las consecuencias asistenciales del actual modelo de gestión. Respaldar institucionalmente una política que ha normalizado el cierre de servicios y la falta de planificación en la captación de especialistas, sostienen, le convertiría en corresponsable del deterioro progresivo de la sanidad pública local.
Para el SMC, el problema del INGESA en Ceuta no es solo estructural, sino político: “demasiada gestión desde el despacho y demasiada ausencia en las consultas”. Y concluye con una advertencia contundente: la sanidad pública no puede gestionarse como una hoja de cálculo ni utilizarse como herramienta de relato político. “En Ceuta sobran corbatas y faltan batas”.
