Miles de menores extranjeros que actualmente viven «heredando» la falta de documentación de sus padres esperan la reforma que prepara el Gobierno. Para ellos, obtener «papeles» implica no solo un trámite administrativo, sino también acabar con el temor a la expulsión y acceder a derechos fundamentales como el deporte federado o el comedor escolar.
Crecimiento sin documentos en España significa para muchos niños vivir en la incertidumbre. Samy, una niña colombiana de 11 años, expresó su preocupación a su madre Sofía con una pregunta que conmovió a ésta: «¿Me van a deportar a Colombia sola?». La noticia de que sería incluida en el proceso de regularización extraordinaria promovido por el Gobierno cambió esa ansiedad por tranquilidad: «Mami, por fin podremos salir sin miedo».
La transmisión de la irregularidad administrativa
Actualmente, los menores extranjeros en España adoptan la condición administrativa de sus padres. Aunque hayan nacido en territorio español, si sus padres carecen de permiso de residencia, ellos también lo hacen. Organizaciones como Save The Children estiman que uno de cada cinco niños migrantes está en esta situación de vulnerabilidad.
Ser un menor sin documentación implica obstáculos significativos en la vida cotidiana:
- Limitaciones educativas y recreativas: Dificultad para acceder a becas de comedor, imposibilidad de participar en actividades extraescolares que solicitan NIE o complicaciones para obtener títulos escolares y realizar prácticas.
- Desafíos en el deporte federado: Casos como el del hijo de Shyrlene en L’Hospitalet, quien no pudo federarse en fútbol debido a la falta de documentación, afectando su proceso de integración.
- Condiciones habitacionales y pobreza: Familias viviendo hacinadas en habitaciones compartidas, enfrentando alquileres elevados y temiendo que una queja pueda generar un proceso de expulsión.
Una protección ampliada para los menores
La regularización extraordinaria propuesta por el Ministerio de Inclusión para 2026 introduce un elemento fundamental para corregir estas disparidades: mientras que los adultos suelen recibir permisos iniciales de un año, para los menores se contempla una protección ampliada con permisos de residencia de cinco años.
Esta iniciativa busca evitar que los niños permanezcan en una situación administrativa incierta durante los trámites de sus padres, brindándoles estabilidad que hasta ahora les ha sido negada.
El peso del estigma migratorio
Las experiencias de las familias reflejan que carecer de papeles afecta tanto a la economía como a la identidad. Sofía recuerda con tristeza cómo Samy, tras oír comentarios xenófobos en el metro, le preguntó: “Mami, ¿nosotros, al ser migrantes, somos malos? ¿Por eso la gente no nos quiere?”.
Para madres como Cinthia, que lleva siete años en Barakaldo trabajando en servicios domésticos sin lograr regularizarse debido a las exigencias del arraigo tradicional, esta reforma representa una oportunidad valiosa. Para ellas, obtener documentación significa poder denunciar abusos laborales, buscar empleos dignos y, especialmente, que sus hijos dejen de enfrentarse a preguntas que ningún niño debería hacer.
