El Ministerio dirigido por Ana Redondo propone establecer una distancia mínima de 350 metros para asegurar la intervención policial. La mitad de los diez asesinatos por violencia de género registrados en 2026 tuvieron denuncias anteriores, lo que pone de manifiesto deficiencias en el seguimiento de los agresores.
Ante el aumento alarmante de los casos de violencia de género en los primeros meses de 2026, el Ministerio de Igualdad ha intensificado sus acciones institucionales. El departamento que lidera Ana Redondo ha remitido este lunes una serie de sugerencias a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el propósito de reformar los protocolos de protección, que han exhibido limitaciones para prevenir tragedias.
El factor distancia: clave para salvar vidas
Una de las principales recomendaciones de Igualdad es aumentar la distancia mínima establecida en las órdenes de alejamiento. En la actualidad, muchas disposiciones judiciales contemplan límites que el Gobierno considera insuficientes.
- Propuesta de 350 metros: El Ministerio plantea que ninguna orden de alejamiento se reduzca por debajo de esta medida. La razón técnica es que si el agresor se encuentra a menos de 350 metros, las fuerzas policiales no disponen del tiempo necesario para actuar antes de que ocurra una agresión.
- Medidas estrictas ante incumplimientos: Se exige que se inicien procesos penales de manera sistemática frente a cualquier uso indebido de las pulseras Cometa o inobservancia de las obligaciones impuestas, un procedimiento que, según denuncian, no siempre se aplica actualmente.
Pulseras Cometa: mecanismos con limitaciones técnicas
El informe dirigido a jueces y fiscales advierte sobre los problemas técnicos que afectan la eficacia de los dispositivos de seguimiento:
- Áreas sin cobertura: Se solicita la revisión de los protocolos en zonas donde la señal es débil o inexistente, dado que estas interrupciones colocan a las víctimas en una situación vulnerable sin supervisión.
- Alertas reiteradas: Cuando el domicilio del agresor está dentro del perímetro de exclusión de la víctima, el sistema genera múltiples alarmas que sobrecargan los recursos policiales y psicológicos disponibles.
Un balance preocupante en las primeras semanas del año
La justificación de estas medidas radica en la situación crítica que reflejan las estadísticas de los primeros meses de 2026. Con el caso pendiente de confirmación en Sarriguren (Navarra), España contabiliza ya diez mujeres asesinadas y dos crímenes vicarios (menores involucrados) en lo que va de año.
Dato relevante: En el 60% de los feminicidios de este año existían denuncias previas. En 2025, esta proporción fue del 20,8%, lo que indica fallos en la protección de las mujeres que ya habían acudido a las autoridades.
Desde 2003, la cifra total de víctimas asciende a 1.353, y el impacto afecta también a los menores: en solo mes y medio, seis niños han quedado huérfanos. Igualdad reconoce que las evaluaciones de riesgo deben ser más rigurosas para evitar que el sistema VioGén continúe siendo superado por la realidad.
