El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una medida clave para fortalecer la democracia. Esta reforma incluye un límite máximo del 35% en la inversión publicitaria institucional que puede recibir un medio de comunicación, con el fin de promover la pluralidad y evitar que los fondos públicos condicionen financieramente a los medios.
Principales puntos de la nueva norma
La regulación afecta no solo a la Administración General del Estado, sino también a las comunidades autónomas y ayuntamientos, quienes deberán transparentar de manera inédita cómo distribuyen sus presupuestos publicitarios.
- Tope de financiación: Ningún medio podrá obtener más del 35% del conjunto de la publicidad institucional de una administración concreta.
- Transparencia total: Se exigirá que se haga pública la cantidad destinada por cada organismo y los soportes específicos en los que se invierte.
- Atención al entorno digital: La ley reconoce el ecosistema mediático actual y otorga una mayor relevancia a los medios digitales nativos frente a los formatos tradicionales.
- Armonización con la Unión Europea: Esta reforma pone a España en línea con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, vigente desde agosto de 2024.
«Transparencia y equidad»
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que la iniciativa busca actualizar un sistema que estaba desfasado respecto a la realidad del sector.
«Pretendemos garantizar objetividad y evitar discriminaciones en la asignación de recursos públicos. Es esencial que la ciudadanía conozca cómo y dónde se invierte su dinero», afirmó Saiz.
Esta reforma forma parte de las 31 acciones del Plan de Acción por la Democracia lanzado en septiembre de 2024, con el objetivo de proteger la independencia editorial de posibles presiones económicas desde las instituciones públicas.
Repercusiones para el sector
Con esta medida, el Ejecutivo aspira a distribuir los fondos de manera más equitativa, facilitando que medios pequeños y locales accedan a recursos que anteriormente se concentraban en grandes grupos mediáticos. Asimismo, se pretende evitar que haya medios cuya viabilidad dependa exclusivamente de la inversión pública, promoviendo un mercado más competitivo y autónomo.
