PNV, ERC y Bildu instan al Ejecutivo a impulsar la nueva legislación en el Congreso para evitar desclasificaciones parciales o motivadas por intereses políticos en el aniversario del golpe.
El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la desclasificación de documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha generado discrepancias entre sus aliados parlamentarios. Aunque el Ejecutivo fundamenta esta acción en el cumplimiento del plazo de 45 años establecido por la ley, los partidos que apoyan al Gobierno han expresado escepticismo, calificándola de «insuficiente» y señalando un uso arbitrario de la transparencia por parte de Moncloa.
Los grupos que respaldan al Ejecutivo coinciden en solicitar una reacción inmediata para reactivar el proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplazará la legislación de 1968 heredada del franquismo y que lleva siete meses estancada en el Congreso.
PNV y ERC critican excusas y señalan motivos políticos
El PNV, que impulsa esta reforma desde 2016, considera que la desclasificación responde más a un interés político ligado al calendario que a una auténtica voluntad de transparencia estructural. Los nacionalistas vascos denuncian que el Gobierno ha puesto una serie de excusas para frenar su proposición de ley, y demandan que el compromiso demostrado con los archivos del 23-F se extienda al resto de documentos históricos.
En parecida línea, ERC interpreta que esta iniciativa busca desviar la atención de los problemas de gestión del presidente Sánchez. Elisenda Alamany, secretaria general de ERC, confesó tener pocas expectativas sobre la amplitud de la documentación que será pública. Por su parte, el BNG advierte que vigilará que se publique la totalidad de los archivos, sugiriendo la implicación de altas instituciones en el levantamiento militar.
Sumar, Podemos y Bildu presionan para abrir otros archivos
Desde los grupos de Sumar y Podemos, la crítica se centra en el carácter fragmentado de la medida. Antonio Maíllo (IU) y Enrique Santiago (PCE) han solicitado al Gobierno que no apruebe normas enfocadas a generar titulares, sino que impulse la ley completa antes de finalizar la legislatura para evitar desclasificaciones arbitrarias.
Además, EH Bildu ha aprovechado la ocasión para exigir que la apertura documental abarque otros hechos controvertidos de la historia reciente de España, como los sucesos de Vitoria, los crímenes de los GAL durante el mandato de Felipe González o el caso Zabalza. Por su parte, Junts per Catalunya, mediante Jordi Turull, condiciona el interés por la «arqueología política» del 23-F a la necesidad de desclasificar por completo los documentos relacionados con las denominadas «cloacas del Estado».
El Gobierno valora fusionar proyectos ante el rechazo de la oposición
Para evitar que la desclasificación parcial se interprete como un gesto simbólico, el PSOE estudia formas de desbloquear el proceso parlamentario. Una opción que maneja Ferraz es unir su propuesta con la histórica iniciativa del PNV para lograr una mayoría suficiente en el Congreso.
Mientras tanto, la oposición mantiene un rechazo contundente. Tanto el Partido Popular como Vox han calificado la medida como una «cortina de humo». El PP afirma que la ciudadanía ya conoce los detalles esenciales del 23-F y reclama explicaciones sobre la gestión de los últimos ocho años del presidente Sánchez. Santiago Abascal, líder de Vox, ha planteado que el presidente debería desclasificar asuntos más recientes antes de recurrir a hechos pasados para evitar debates incómodos.
