Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado ha dado a conocer el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros que permite el acceso libre a la información referente al golpe de Estado de 1981. El Ejecutivo entiende que esta documentación puede hacerse pública sin poner en peligro la defensa nacional después de 45 años de los hechos.
Después de cuarenta y cinco años desde el fallido golpe de Estado que puso a prueba la democracia española, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha divulgado el acuerdo final para desclasificar todos los documentos vinculados al 23-F. Tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada el martes, el Gobierno ha concluido que mantener la reserva sobre esta información ya no es necesario, pues su divulgación no representa un «riesgo para la seguridad y defensa del Estado» en la actualidad.
Consulta pública desde las 12:00 horas
Aunque el decreto ha sido publicado esta misma mañana, el acceso a los documentos estará disponible a partir de las 12:00 horas. Desde ese momento, tanto ciudadanos como especialistas podrán revisar el material en la página oficial de La Moncloa. La disposición abarca todos los «asuntos, actos, documentos, información, datos y objetos» relacionados con el levantamiento militar encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.
Esta iniciativa ha sido promovida conjuntamente por los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa e Interior. La acción coordinada tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental al acceso a la información fidedigna y el libre acceso a archivos y registros públicos.
Base legal y cese de la reserva documental
El acuerdo, compuesto por tres páginas, justifica la medida en el transcurso de tiempo desde el 23 de febrero de 1981. El Gobierno señala que, tras la condena firme por rebelión militar dictada por el Tribunal Supremo en abril de 1983, la apertura de estos archivos puede realizarse sin implicar «un peligro actual y real» para la estabilidad institucional ni para la defensa del país.
El BOE señala que la confidencialidad previa de estos datos ya no está amparada por razones de seguridad del Estado, si bien la divulgación se efectuará respetando las limitaciones establecidas en otras normativas vigentes del ordenamiento jurídico español. Con esta decisión, se pone fin al secreto alrededor de uno de los episodios más relevantes en la historia reciente de España, facilitando una reconstrucción documental integral de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados.
