El líder del Partido Popular critica la reciente publicación de archivos del golpe de Estado y demanda mayor transparencia respecto a las cuentas públicas y los contratos cuestionados. El presidente defiende su gestión señalando que «España avanza como nunca».
Este miércoles, el Congreso de los Diputados celebró una sesión de control al Gobierno caracterizada por el anuncio de la desclasificación de documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de transparencia que, según él, persiste en la administración de Pedro Sánchez, instándole a que también haga públicas cuestiones actuales como los Presupuestos Generales del Estado y los contratos públicos bajo sospecha.
Durante su participación, Feijóo señaló con ironía la disposición del Ejecutivo a liberar archivos históricos, mientras, en su opinión, mantiene otros asuntos sin esclarecer. Solicitó que se desclasifiquen, además, los Presupuestos, el paradero de las 184.000 viviendas que se afirma que se han construido pero cuya ubicación es desconocida, los informes policiales sobre la regularización de inmigrantes y los contratos relacionados con posibles casos de corrupción. Además, acusó a Sánchez de generar una situación de «ingobernabilidad» y afirmó que su partido trabajará para reparar los daños ocasionados.
Sánchez defiende su gestión frente a las críticas
En respuesta, Pedro Sánchez destacó la relevancia democrática de la desclasificación de los documentos del 23-F, cuya publicación estaba programada para la web de Moncloa al mediodía. «¿Por qué les incomoda que se hagan públicos los archivos del intento de golpe de Estado?», preguntó el presidente, quien aprovechó su réplica para resaltar los indicadores económicos y sociales durante su mandato, asegurando con rotundidad que «España avanza como nunca».
Con un tono firme, Sánchez reprochó a Feijóo que implemente una «política dirigida a la extrema derecha» en lugar de una «política adulta». Asimismo, anunció su intención de derogar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para introducir una nueva regulación acorde con los estándares democráticos actuales.
Debates sobre inmigración y socios parlamentarios
La sesión también estuvo marcada por intensos debates en otros ámbitos. La portavoz del PP, Ester Muñoz, definió al Gobierno como uno de los «más radicales en Europa» debido a la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes, calificándola de una acción llevada a cabo «sin supervisión y sin consultar a los socios europeos». Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, respondió acusando al PP de mantener una «oposición irresponsable» y de facilitar el avance de la ultraderecha.
En relación a los apoyos parlamentarios, Sánchez mantuvo intercambios relevantes con sus aliados habituales:
- Junts: Míriam Nogueras criticó al presidente por incumplimientos en materia catalana y anunció su voto en contra del «escudo social». Sánchez expresó su deseo de retomar la colaboración: «Esperamos poder trabajar nuevamente por Cataluña».
- EH Bildu: Mertxe Aizpurua pidió ampliar la desclasificación más allá de los documentos del 23-F, incluyendo archivos relacionados con los GAL, las torturas a Mikel Zabalza y los sucesos ocurridos en Vitoria hace cincuenta años.
La jornada concluirá con la esperada publicación de los archivos históricos antes de las 15:00 horas, un acontecimiento que el presidente calificó como «un avance significativo para la democracia», en un contexto de marcada división política.
