El Ejecutivo ha comenzado los trámites para revisar el Real Decreto-Ley 5/2015, la normativa clave que regula la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del fútbol en España. Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se transmite un mensaje de calma, mientras que la actualización pretende fortalecer la «solidaridad» con otras disciplinas deportivas y establecer con claridad el reparto de los beneficios derivados del Mundial 2030.
José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el Deporte, encabeza una estrategia fundamentada en el «consenso y el diálogo», aunque esta iniciativa ya ha generado cierto recelo en las directivas de LaLiga y la RFEF.
Los tres fundamentos de la reforma
El Gobierno sostiene que la venta conjunta de derechos no está en cuestión, si bien reconoce que la regulación vigente desde hace una década no se adapta completamente a la realidad actual del deporte en España:
- Fomento del Deporte Federado: Otras modalidades deportivas, recientemente agrupadas en el COE, solicitan un mayor protagonismo. El propósito es ajustar los porcentajes que el fútbol profesional debe destinar a las federaciones para apoyar la promoción de sus propios derechos audiovisuales.
- Estabilización de la Liga Femenina: En 2015 no existía una liga femenina profesional. La actualización busca adaptar la normativa para brindar un reconocimiento legal específico al fútbol femenino, permitiendo que sus ingresos televisivos se reinviertan en su desarrollo.
- Perspectiva hacia el Mundial 2030: Uno de los aspectos más delicados es definir el manejo y la distribución de los cuantiosos ingresos por derechos televisivos que generará la cita mundialista que España organizará junto a Marruecos y Portugal.
Una red compleja de alianzas
La estrategia de Uribes busca conseguir el respaldo de los principales clubes de LaLiga, con quienes ya ha mantenido intercambios constructivos. Estos clubes valoran mantener el sistema de reparto vigente, lo que proporcionaría al Gobierno la influencia necesaria para negociar con Javier Tebas, quien tradicionalmente ha expresado un equilibrio ambiguo respecto a las cesiones de ingresos al Estado.
Por su parte, la RFEF adopta una actitud prudente y de reserva. Su presidente, Rafael Louzán, no asistió a la última reunión de federaciones, delegando en la vicepresidencia, lo que refleja las tensiones relacionadas con el control del reparto de ingresos vinculados al Mundial.
El desafío en el ámbito parlamentario
El proceso enfrentará obstáculos políticos. La nueva normativa deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno tendrá que garantizar una mayoría estable. A pesar de la fragmentación en el Parlamento, el CSD confía que, al tratarse de una actualización de una ley inicialmente promovida por el PP y que favorece al deporte base, la oposición no impedirá la reforma.
