Durante la discusión sobre el decreto de ayudas para los afectados por los siniestros ferroviarios en Adamuz y Gelida, el Partido Popular expresó una crítica severa hacia la gestión del Ejecutivo. El diputado Bartolomé Madrid señaló que, pese a las ayudas económicas anunciadas, “las víctimas de estos incidentes no son la prioridad del Gobierno ni la transparencia su principal interés”.
A pesar de estas críticas, el Grupo Popular anunció que apoyará el Real Decreto Ley, reconociendo que esta vez el Gobierno ha empleado correctamente este mecanismo constitucional, sin introducir elementos ajenos a la urgencia que justifica la norma.
Una «resistencia» ante la justicia
Bartolomé Madrid recurrió a una referencia literaria del propio presidente del Gobierno para fundamentar su reproche. Al citar Manual de resistencia, el diputado indicó que el Ejecutivo ha mostrado una persistente «resistencia» en tres aspectos clave para los familiares de fallecidos y heridos:
- Falta de transparencia: El PP denuncia la ausencia de voluntad para admitir errores técnicos o políticos.
- Evasión de responsabilidades: Critican que los responsables de la red ferroviaria no han ofrecido explicaciones públicas ni directas.
- Obstáculos a la justicia: El diputado calificó de «inaceptable» la presunta retirada de material de la vía por parte de Adif tras los accidentes, lo que dificultaría la labor pericial y judicial.
Respaldo condicionado al decreto
Si bien el Partido Popular considera que la asistencia económica llega con retraso y en un contexto de falta de claridad, su voto favorable asegura la aprobación de las indemnizaciones. No obstante, Bartolomé Madrid enfatizó que la suma única de 216.000 euros para los herederos no compensa la «poca colaboración» del Gobierno con la justicia en la investigación de las causas.
Desde la oposición, sostienen que la prioridad de cualquier administración tras una tragedia ferroviaria debe ser la reparación moral y la aceptación de responsabilidades, aspectos que, según indican, han quedado en un segundo plano ante la defensa institucional de Adif y el Ministerio de Transportes.
Aspecto conflictivo: La supuesta retirada de material por parte de Adif es uno de los puntos más controvertidos en la causa judicial, afectando a la confianza de asociaciones de víctimas.
