El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado del caso Pujol admitió en el juicio que no indagó sobre posibles manipulaciones en adjudicaciones públicas ni en operaciones urbanísticas vinculadas a los pagos que la Fiscalía relaciona con comisiones ilegales de empresarios a la familia.
Durante su declaración en la vista oral en la Audiencia Nacional, centrada en el origen de la fortuna oculta en Andorra de los Pujol, el inspector indicó que, en su opinión, esos pagos no pretendían necesariamente influir en concursos específicos, sino asegurar “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”.
Una investigación con falta de profundidad, según la defensa
El interrogatorio de las defensas, en especial el abogado Cristóbal Martell, representante de Jordi Pujol Ferrusola, se centró en el presunto delito previo de blanqueo de capitales atribuido a la familia.
Martell criticó que los informes policiales no especifican claramente los “antecedentes” del delito y reprochó que la UDEF defina el origen sospechoso de los fondos de manera generalizada. En ese sentido, preguntó al inspector si investigó recalificaciones urbanísticas relacionadas con operaciones supuestamente irregulares, la composición de los órganos responsables de adjudicar concursos públicos —algunos dependientes de administraciones socialistas— o si tomó declaración a sus integrantes.
El agente confirmó que no analizó los procesos de recalificación ni evaluó si los procedimientos administrativos tenían irregularidades, alegando que no es experto en urbanismo. “En mi especialidad soy el mejor, pero en cuestiones urbanísticas no tengo experiencia”, afirmó.
Tampoco indagó sobre presuntas presiones en la adjudicación de un servicio del puerto de Tarragona a una empresa que realizó pagos a Pujol Ferrusola, señalando que no formaba parte de sus funciones.
Influencia transversal y relevancia del presunto delito previo
El inspector defendió que el presunto delito previo “no es fundamental” para configurar el blanqueo, explicando que la hipótesis policial considera que los pagos reflejan una dinámica de influencia prolongada, similar a la documentada en el caso Palau de la Música Catalana, donde Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) fue sancionada por recibir comisiones de la constructora Ferrovial.
Además, destacó la “transversalidad” que la familia Pujol Ferrusola habría ejercido en distintos ámbitos institucionales.
La defensa abordó otras investigaciones mencionadas en los informes policiales como contexto del presunto enriquecimiento familiar, tales como el caso Banca Catalana, que terminó con una querella archivada contra el expresident Jordi Pujol; el caso ITV, por el cual Oriol Pujol Ferrusola fue condenado; y el llamado caso Turismo.
El inspector reconoció que obtuvo información sobre estas causas mediante búsquedas en Internet, sin profundizar ni recordar detalles concretos, aunque insistió en que no era imprescindible probar exhaustivamente el origen del dinero para fundamentar el delito de blanqueo.
El pendrive y los préstamos calificados como irregulares
Durante la sesión, el agente negó haber utilizado datos obtenidos del pendrive robado a la familia Pujol, cuya difusión llevó a la condena del ex número dos de la Policía Nacional. Recordó que el juez instructor, José de la Mata, excluyó expresamente cualquier prueba relacionada con ese dispositivo.
Finalmente, al ser cuestionado sobre los préstamos garantizados por Jordi Pujol Ferrusola a empresas proveedoras de CDC —que posteriormente fueron asumidos por el partido y una constructora—, el inspector calificó estas operaciones como “totalmente anómalas, y me quedo corto”, sugiriendo que podrían encajar en un esquema de financiación irregular.
El juicio continúa en la Audiencia Nacional con la presentación de testigos para esclarecer el presunto origen ilícito del patrimonio familiar en el extranjero.
