El ministro de Migración, Johan Forssell, pretende aplicar de forma inmediata medidas para la expulsión de jóvenes delincuentes sin esperar a la entrada en vigor de la nueva ley prevista para 2027.
El Gobierno de Suecia endurece su enfoque y estrategias en materia migratoria. Johan Forssell, ministro de Migración, comunicó este miércoles su compromiso para acelerar la expulsión de inmigrantes adolescentes relacionados con actos delictivos «en el menor tiempo posible», descartando retrasar estas medidas hasta enero del próximo año, momento inicialmente proyectado para la vigencia de la nueva legislación.
Durante una intervención focalizada en la expulsión de criminales, Forssell destacó que el Ejecutivo trabaja intensamente para encontrar una solución permanente que no dependa de los tiempos legislativos habituales. Esta resolución se toma en un momento de considerable presión para el gabinete del primer ministro Ulf Kristersson, quien gobierna con el apoyo del partido de derecha Demócratas de Suecia y bajo la promesa de vincular la política migratoria con la seguridad pública.
El desafío de la «expulsión de adolescentes»
Suecia enfrenta una complicada situación administrativa. Actualmente se dictan órdenes de expulsión diarias para jóvenes entre 18 y 20 años que, en muchos casos, muestran una integración consolidada, dominan el idioma y estudian en universidades. El problema aparece en quienes pierden la residencia a pesar de que sus padres tengan la ciudadanía o residencia permanente.
Para resolver esta cuestión, Forssell propone valerse de la próxima ley sobre reunificación familiar, cuya aprobación se espera para esta primavera. Aunque un estudio técnico recomendó reducir la edad máxima de dependencia de 21 a 18 años —lo que aumentaría las expulsiones—, el ministro aclaró que el Gobierno no está obligado a acatar dicha propuesta. «Se ha sugerido en una investigación, pero no la hemos apoyado», señaló con firmeza.
Un nuevo enfoque ante el crimen organizado
El Ejecutivo considera que las nuevas herramientas legislativas permitirán alcanzar unas 3.000 deportaciones anuales, cifra que multiplicaría por seis el promedio actual de 500 expulsiones. Esta intensificación responde a la necesidad de controlar la violencia generada por las organizaciones criminales y el narcotráfico, un problema que, pese a la disminución de tiroteos letales, ha tenido un aumento en el uso de explosivos y ataques con bombas.
Forssell también manifestó diferencias con leyes previas, como la llamada gymnasielagen, que permitía que menores solicitantes de asilo permanecieran en el país si completaban la educación secundaria y trabajaban. Considera que esa norma se aprobó de manera apresurada y carecía de seguridad jurídica, un fallo que el actual Gobierno busca evitar mediante una solución estable que no origine nuevos conflictos legales.
Este conjunto de medidas para combatir la delincuencia juvenil también incluye reformas estructurales en Suecia, como el aumento de las facultades policiales y la propuesta para bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años.
